De la crisis previsional a los salarios docentes, Melella volvió a recurrir a una emergencia
Desde su llegada a la Gobernación en diciembre de 2019, la gestión de Gustavo Melella declaró once emergencias sobre distintas áreas de la administración provincial. La nueva emergencia salarial docente vuelve a poner en discusión una herramienta que debía ser excepcional y que se convirtió en una respuesta recurrente frente a problemas que, en varios casos, volvieron a aparecer años después.
USHUAIA.- Gustavo Melella asumió la Gobernación de Tierra del Fuego en diciembre de 2019 y pocos días después comenzó a utilizar una herramienta destinada, en principio, a situaciones extraordinarias. Desde entonces, su administración declaró emergencias en materia previsional, sanitaria, educativa, portuaria, económica, ambiental, habitacional, eléctrica y de seguridad.
Con la emergencia salarial docente decretada en septiembre de 2026, el listado llega a once declaraciones diferenciadas durante sus dos gestiones al frente del Ejecutivo provincial.
La sucesión de medidas permite reconstruir una característica de la administración Melella. Frente a problemas estructurales, la respuesta oficial recurrió reiteradamente a regímenes excepcionales, algunos de los cuales fueron posteriormente prorrogados y, en determinados casos, volvieron a ser declarados sobre áreas que ya habían estado bajo emergencia.
2019 y 2020, cuatro emergencias al inicio
La primera etapa de la gestión estuvo marcada por cuatro declaraciones prácticamente consecutivas.
La Ley 1302 declaró la emergencia del Sistema de Previsión Social por dos años a partir del 1 de enero de 2020. El objetivo declarado era fortalecer financieramente la Caja y reducir progresivamente su déficit.
La Ley 1303 declaró la emergencia del sistema sanitario provincial. La Ley 1304 hizo lo propio con la infraestructura educativa de los establecimientos estatales, mientras que la Ley 1305 estableció la emergencia de infraestructura y equipamiento portuario. Las cuatro normas forman parte del primer paquete de emergencias de la gestión y están registradas en la normativa provincial.
Es decir que, apenas iniciado el primer mandato, el Gobierno ya había identificado cuatro áreas que requerían herramientas extraordinarias.
La emergencia económica de 2020
En mayo de 2020, en el contexto de la pandemia, la Provincia sumó la emergencia económica, fiscal, financiera y social.
La Ley 1312 habilitó un conjunto de herramientas para afrontar la crisis y posteriormente su vigencia fue prorrogada mediante la Ley 1334 hasta diciembre de 2021. En este caso, al tratarse de la continuidad del mismo régimen, las prórrogas no se computan como nuevas emergencias.
La emergencia económica fue una de las medidas de mayor alcance de aquella primera etapa y permitió al Ejecutivo adoptar instrumentos extraordinarios frente a la caída de la actividad y los ingresos.
2022, la educación vuelve a entrar en emergencia
Dos años después de la primera emergencia de infraestructura educativa, el Gobierno volvió a declarar en emergencia al mismo sector.
La Ley 1431 creó el Programa de Fortalecimiento en Infraestructura Educativa y estableció un nuevo régimen excepcional para intervenir sobre los establecimientos estatales.
La situación adquiere especial relevancia porque no se trataba de un problema nuevo. La infraestructura escolar ya había sido declarada en emergencia mediante la Ley 1304 de 2020.
Además, la Ley 1431 fue posteriormente prorrogada por las Leyes 1501 y 1575, extendiendo su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.
La reiteración de la emergencia sobre las escuelas plantea así uno de los interrogantes centrales de esta cronología: si una emergencia fue declarada para resolver una situación excepcional, ¿por qué el mismo sector necesitó nuevamente un régimen de excepción apenas dos años después?
Los incendios forestales
A fines de 2022, la Provincia enfrentó una nueva situación de emergencia a raíz de los incendios forestales.
La Ley 1457 declaró la emergencia ambiental por incendios forestales en todo el territorio provincial hasta el 30 de junio de 2023.
La norma autorizó al Ejecutivo a utilizar hasta 2.000 millones de pesos para financiar bienes, servicios y contrataciones relacionados con la emergencia. La documentación del Tribunal de Cuentas registra además procedimientos especiales de contratación vinculados con ese régimen.
Se trató de una emergencia vinculada con una situación ambiental concreta y extraordinaria, diferente de las declaraciones que habían marcado los primeros años de la gestión.
La crisis habitacional
En diciembre de 2023 llegó una nueva declaración.
La Ley 1536 estableció la emergencia habitacional y urbano-ambiental en toda la provincia. El régimen contempló herramientas destinadas a intervenir sobre el déficit habitacional y la problemática del acceso a la vivienda.
Entre otras medidas, se creó el Programa Alquiler Ciudadano y se incorporaron instrumentos vinculados con tierras y financiamiento.
Una vez más, una problemática estructural fue abordada mediante un régimen de emergencia.
La emergencia eléctrica
En 2024 el turno fue para la energía. Mediante el Decreto 996/2024, el Gobierno declaró la emergencia del sistema del servicio eléctrico en Ushuaia, Tolhuin, Almanza y San Sebastián desde el 1 de mayo de ese año hasta el 31 de diciembre de 2025.
El dato que vuelve a poner en discusión la eficacia de la herramienta es que la emergencia no terminó con el plazo originalmente establecido. El Decreto 3011/2025 prorrogó el régimen hasta el 31 de diciembre de 2027.
En otras palabras, una emergencia que inicialmente debía atender una situación excepcional continúa vigente varios años después.
La seguridad pública
También en 2024 la administración provincial recurrió nuevamente a una declaración de emergencia.
La Ley 1573 estableció la emergencia del Sistema Integral de Seguridad Pública de Tierra del Fuego por dos años.
La propia normativa incorporó entre sus fundamentos problemas vinculados con la inversión, la infraestructura y las condiciones del sistema de seguridad provincial.
Con esta declaración, la gestión Melella llegó a diez emergencias antes de la actual emergencia salarial docente.
2026, la emergencia salarial docente
La undécima declaración llegó en septiembre de 2026, después de un prolongado conflicto entre el Gobierno y el SUTEF.
El Ejecutivo decretó por doce meses la emergencia salarial docente como parte del acuerdo alcanzado con el sector. La medida busca habilitar herramientas excepcionales, reestructuraciones presupuestarias y análisis técnicos destinados a avanzar en una recomposición de los salarios.
La declaración se produjo luego de 46 días de paro docente y de un proceso de negociación que finalmente llevó al sindicato a aceptar la propuesta oficial.
Sin embargo, el decreto de emergencia no constituye por sí mismo un aumento salarial. El propio esquema anunciado por el Ejecutivo establece que deberán elaborarse informes y alternativas para determinar las medidas de recomposición y las adecuaciones presupuestarias correspondientes.
Una herramienta que dejó de ser excepcional
El recorrido de las once emergencias muestra que el recurso fue utilizado para abordar problemas de naturaleza muy diferente.
La primera tanda alcanzó a la previsión social, la salud, las escuelas y los puertos. Después llegaron la emergencia económica, una segunda emergencia educativa, los incendios forestales, la crisis habitacional, la electricidad y la seguridad. Ahora, nuevamente la educación, pero esta vez por los salarios.
El dato que genera mayor cuestionamiento es la repetición de algunos problemas.
La infraestructura educativa fue declarada en emergencia en 2020 y nuevamente en 2022. La segunda declaración necesitó además sucesivas prórrogas hasta 2025.
El sistema eléctrico fue declarado en emergencia en 2024 y la medida, lejos de concluir con el plazo original, fue extendida hasta 2027.
La sucesión de estos antecedentes permite un cuestionamiento que atraviesa toda la gestión y se remite a conocer cuánto tiempo puede permanecer una emergencia antes de dejar de ser una herramienta excepcional y convertirse en una forma habitual de administrar problemas estructurales. La respuesta a este cuestionamiento se encuentra en manos del Gobierno, esta vez frente al salario docente.
La emergencia número once podrá ser evaluada, como las anteriores, por sus resultados. No por la declaración ni por los anuncios que la acompañan, sino por la capacidad efectiva de resolver el problema que dio origen a la medida.
