Para Seleme, sólo resta que Nación cumpla con la ley

RÍO GRANDE.- Este lunes, el presidente de FAGDUT Tierra del Fuego, Fabio Seleme, explicó el conflicto que mantienen las universidades nacionales con el Gobierno y señaló que, a partir de la intervención de la Justicia, la discusión excede el reclamo gremial y se centra también en el cumplimiento de la legislación vigente.

En diálogo con La Mañana de la Tecno, por Radio Universidad 93.5 MHz, Seleme se refirió a la intimación presentada por el Frente Sindical de las Universidades Nacionales ante el Ministerio de Capital Humano, que estableció el 30 de septiembre como plazo para que el Gobierno avance con una recomposición salarial del 33,4% reclamada por las organizaciones.

El Frente Sindical está integrado por CONADU, FATUN, CONADU Histórica, FEDUN, CTERA, FAGDUT y UDA. Entre sus planteos también se encuentran la convocatoria a la negociación paritaria nacional de docentes y nodocentes, la incorporación de sumas no remunerativas y no bonificables a los salarios básicos y la definición de un cronograma para concretar las medidas reclamadas.

Sin embargo, Seleme remarcó que el aspecto central del conflicto está relacionado con una resolución judicial vinculada con la Ley N.º 27.795 de Financiamiento Universitario.

“En realidad no es la intimación de los gremios lo importante. Lo importante es que la Justicia ya los ha intimado a pagar antes del día miércoles y bajo apercibimiento de ponerle multa a los funcionarios que incumplan la medida”, sostuvo.

Una resolución judicial

La Ley N.º 27.795 fue sancionada por el Congreso y posteriormente promulgada tras la insistencia legislativa frente al veto del Poder Ejecutivo.

En el marco de un amparo colectivo promovido por el Consejo Interuniversitario Nacional, la Justicia dictó una medida cautelar vinculada con el cumplimiento de determinados artículos de la norma.

Según explicó Seleme, el 22 de septiembre el juzgado interviniente consideró que la medida cautelar no había sido cumplida en su totalidad y emplazó al Estado nacional a hacerla efectiva dentro de cinco días, bajo apercibimiento de aplicar sanciones económicas por cada jornada de demora.

El dirigente cuestionó la conducta del Gobierno y sostuvo que el cumplimiento de las decisiones judiciales constituye ahora uno de los puntos centrales del conflicto.

“Estamos frente a un Gobierno claramente inmoral que incumple las leyes y las órdenes judiciales”, manifestó.

La expresión corresponde a la valoración política realizada por Seleme sobre la actuación del Gobierno nacional.

El reclamo salarial

Las organizaciones sindicales sostienen que los trabajadores docentes y nodocentes acumulan una pérdida salarial del 33,4% hasta agosto de 2026 y reclaman que esa diferencia sea recompuesta.

Seleme describió el impacto que, según su evaluación, tuvo el deterioro salarial sobre los trabajadores universitarios.

“Lo que hay que decir es que le han robado ocho salarios a los docentes universitarios desde que asumieron. Esa es la verdad. Ese es el dato”, afirmó.

La frase constituye una valoración del dirigente sobre la pérdida de poder adquisitivo y no significa que existan ocho salarios impagos.

El planteo gremial incluye además la situación de las becas estudiantiles, que también forman parte de las disposiciones contempladas por la Ley de Financiamiento Universitario.

“Las becas también están dentro de lo que reclamamos y de lo que el juez le ha mandado recomponer”, señaló Seleme.

Advertencia por un eventual incumplimiento

La intimación presentada por el Frente Sindical establece que, si el Gobierno no cumple con las medidas reclamadas dentro del plazo establecido, las organizaciones podrían formular denuncias contra los funcionarios que consideren responsables.

El documento también anticipa que se comunicará el eventual incumplimiento al tribunal que interviene en la causa y se solicitará la individualización de los funcionarios con responsabilidad en la ejecución de la ley y de la orden judicial.

Seleme explicó que, a su entender, el procedimiento debería avanzar primero con las sanciones económicas previstas y, ante la persistencia del incumplimiento, con las acciones judiciales correspondientes.

“Lo que sigue para cualquier persona común y corriente en el país cuando vos desobedecés una orden judicial es primero la multa y después la constitución de una causa penal”, sostuvo.

“Que el Gobierno cumpla”

Consultado sobre una posible salida al conflicto, Seleme consideró que el primer paso no requiere una nueva negociación, sino el cumplimiento de las obligaciones establecidas.

“Lo único que tiene que pasar es que el Gobierno cumpla la ley y las órdenes judiciales”, afirmó.

El dirigente sostuvo además que las organizaciones deberán mantener las medidas gremiales mientras no existan respuestas concretas.

“Me parece que lo que hay que hacer es seguir trabajando, peleando, organizando marchas”, expresó.

En ese marco, confirmó la participación de FAGDUT en una nueva movilización nacional prevista para el 15 de octubre, que será presentada por las organizaciones como una nueva marcha federal universitaria.

“Estamos armando una marcha nacional, como la quinta marcha nacional universitaria. Todas han tenido muy buena convocatoria y creemos que esta también la va a tener”, anticipó.

De esta manera, el conflicto universitario llega a una nueva instancia con el vencimiento del plazo establecido por las organizaciones para este miércoles y una resolución judicial que, según explicó Seleme, ya estableció obligaciones para el Estado nacional respecto del cumplimiento de la normativa universitaria.