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USHUAIA. – El concurso para designar al primer Defensor Provincial de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Tierra del Fuego todavía no terminó, pero a esta altura del proceso ya acumula una serie de cuestionamientos que ponen bajo la lupa las condiciones en las que se desarrolló la selección.
La Comisión Evaluadora fijó el orden de mérito el pasado 18 de agosto y posteriormente realizó la audiencia pública prevista por la Ley Provincial 1466. Sin embargo, el proceso se encuentra todavía en una instancia decisiva y debe realizarse la merituación final y confeccionarse una terna que será elevada a la Legislatura para que finalmente se defina quién ocupará el cargo. Así lo confirmó el legislador Raúl von der Thusen luego de la audiencia. Es decir que, lejos de estar cerrado, el concurso enfrenta ahora su etapa más sensible mientras persisten las objeciones formuladas durante su desarrollo.
Un proceso conducido por tres legisladores
La conducción política del concurso no estuvo concentrada exclusivamente en Victoria Vuoto esto es porque la Comisión Evaluadora Ad Hoc fue conformada por tres representantes de la Legislatura: María Victoria Vuoto, María Laura Colazo y Raúl von der Thusen, además de un representante del Poder Judicial y otro del Poder Ejecutivo. La propia Legislatura informó desde mayo que los tres legisladores integrarían el órgano encargado de llevar adelante la selección.
Las primeras dudas, antes de la audiencia
Las objeciones al concurso no comenzaron con la audiencia pública del viernes ya que desde las primeras etapas hubo cuestionamientos vinculados con la exclusión de postulantes y con la forma en que fueron acreditados determinados requisitos. De más de 60 personas inicialmente inscriptas, 45 quedaron afuera en una primera etapa por cuestiones relacionadas con la acreditación de la residencia, según los cuestionamientos que posteriormente fueron expuestos públicamente.
A esto se sumaron reclamos por la falta de publicidad de documentación considerada fundamental para poder ejercer un adecuado control ciudadano sobre la selección.
Entre los principales cuestionamientos aparece la publicación tardía de los exámenes y las dificultades para acceder a los antecedentes completos de quienes continuaron en carrera. La falta de esa información durante buena parte del procedimiento dificultó conocer cómo habían sido evaluados los participantes y comparar los antecedentes de los distintos postulantes.
La situación fue planteada de manera directa durante la audiencia. Débora Ranieri, presidenta de PRODECI, advirtió que sin los exámenes publicados no era posible saber si existió igualdad en la corrección de las pruebas.
Nuevas reglas durante el proceso
Otro de los puntos que quedó bajo cuestionamiento fue la incorporación de reglamentaciones y criterios cuando el concurso ya se encontraba avanzado. La discusión no es menor. En cualquier proceso de oposición y antecedentes, las condiciones de competencia deberían encontrarse determinadas con anterioridad y ser conocidas por todos los participantes en igualdad de condiciones.
Sin embargo, los cuestionamientos surgidos durante el concurso apuntaron precisamente a que algunas reglas fueron apareciendo o precisándose mientras las distintas etapas ya estaban en marcha. Ese aspecto fue señalado durante la audiencia pública por quienes reclamaron revisar el procedimiento desde su comienzo. La legisladora Natalia Gracianía sostuvo que el proceso no había sido, a su criterio, un verdadero concurso de antecedentes y oposición y pidió revisar integralmente lo actuado.
El vínculo que puso el concurso bajo la lupa
El episodio que mayor repercusión tuvo durante la audiencia estuvo relacionado con Sabrina Marcucci, quien quedó primera en el orden de mérito provisorio. Durante la instancia pública, Marcucci reconoció mantener desde hace años una relación laboral y profesional con Victoria Vuoto y señaló que ambas comparten un mismo enfoque laboral, filosófico, ideológico y político.
La propia Vuoto confirmó la relación y explicó que junto con Marcucci y otros profesionales organiza periódicamente un Congreso Internacional de Infancias y Adolescencias en la provincia.
El vínculo, por sí mismo, no demuestra que haya existido favoritismo ni constituye automáticamente una irregularidad jurídica. Pero adquiere una dimensión institucional relevante porque una integrante de la Comisión Evaluadora mantiene una relación reconocida con quien encabeza el orden de mérito.
La pregunta que queda planteada es si ese vínculo era conocido previamente por todos los participantes, si fue formalmente informado y cuál fue la intervención concreta de Vuoto en la evaluación y asignación de puntajes de Marcucci.
En un concurso para seleccionar a la máxima autoridad de un organismo que debe controlar las políticas públicas del propio Estado, la imparcialidad no sólo debe existir: también debe resultar visible y verificable.
La audiencia no cerró las dudas
Lo cierto es que lo que debía ser una instancia de participación ciudadana destinada a aportar transparencia al proceso, terminó convirtiéndose en el escenario donde quedaron expuestos buena parte de los cuestionamientos acumulados.
La Comisión Evaluadora, en cambio, consideró que la jornada permitió completar la evaluación de los candidatos. Von der Thusen sostuvo que las respuestas y exposiciones servirán para realizar la “merituación final” y anticipó que ahora deberán seleccionar la mejor terna para que posteriormente la Legislatura determine quién ocupará el cargo. La representante del Poder Ejecutivo, Mariángeles Arroyo, también sostuvo que la audiencia permitirá revisar la merituación realizada previamente. Es decir que la evaluación todavía no está cerrada.
Un concurso que todavía puede revisarse
El dato central es que todavía no hay Defensor designado y la Comisión debe completar la evaluación, definir una terna y elevarla a la Legislatura. Después será la Cámara la que tendrá que resolver quién ocupará la titularidad de la nueva Defensoría.
Ese escenario deja abierta una instancia institucional para revisar los cuestionamientos antes de que el proceso llegue a su conclusión.
La discusión ya no pasa únicamente por quién obtuvo más puntos o quién aparece primero en el orden de mérito. La cuestión de fondo es si el procedimiento utilizado para llegar hasta allí ofrece las garantías suficientes para que la futura autoridad de la Defensoría pueda asumir con legitimidad e independencia. Y allí aparece la responsabilidad de quienes condujeron el concurso: Victoria Vuoto, Laura Colazo y Raúl von der Thusen, los tres representantes de la Legislatura que integran la Comisión Evaluadora Ad Hoc.
Los tres participaron del proceso desde su conformación y ahora tienen en sus manos una decisión clave que es la de avanzar hacia la conformación de la terna sobre la base de un procedimiento que ya fue objetado públicamente o detenerse ante los cuestionamientos, revisar lo actuado y garantizar que la designación de quien deberá controlar al Estado no nazca condicionada por dudas sobre el propio mecanismo utilizado para elegirlo.
Por ahora, el concurso sigue abierto. Y las dudas también.
