Trabajadores exigen la expulsión de Adriana Pérez y de Pedro Martínez

RIO GRANDE.- El escenario sindical en el Concejo Deliberante de esta ciudad atraviesa un momento de extrema tensión tras la formalización de un pedido de destitución contra Adriana Pérez y Pedro Martínez. Los afiliados locales de la Asociación del Personal de Empleados Legislativos (APEL) impulsan esta medida al considerar que ambos dirigentes incurrieron en una pérdida total de representatividad por aceptar nombramientos en la estructura de gobierno y favorecer a familiares con cargos públicos en medio de una lucha salarial.

La solicitud de apartamiento fue remitida de manera oficial al secretario general de la entidad, Jorge Brua. En el escrito, los trabajadores de base manifestaron que la conducción actual ya no ejerce la defensa de los intereses de quienes suscriben la nota, denunciando que se priorizaron beneficios particulares por encima de las conquistas colectivas del sector.

Según la visión de los empleados que encabezan el reclamo, esta situación evidencia una carencia de valores éticos y morales dentro de la estructura sindical. La deslealtad denunciada se ve potenciada por versiones que indican que otro miembro de la comisión directiva del gremio también habría recibido un cargo político, dejando el reclamo por mejoras de sueldos en un segundo plano y sin soluciones concretas para el conjunto de los operarios.

Tensión laboral

El malestar interno se profundizó a raíz de un altercado ocurrido en las instalaciones del cuerpo deliberativo riograndense durante lajornada de este martes. De acuerdo a los testimonios recabados, Adriana Pérez habría evitado dar explicaciones sobre su accionar ante los trabajadores, una actitud que terminó de detonar la recolección de firmas para forzar su salida definitiva de la conducción gremial.

En este contexto de incertidumbre, el personal legislativo mantiene asambleas permanentes y encuentros informales para trazar un plan de acción ante lo que definen como un abandono de la defensa gremial en favor de negociaciones individuales. La desconfianza hacia la dirigencia crece a medida que se conocen más detalles sobre los acuerdos con el poder político local.

Finalmente, el conflicto sumó un ingrediente que incrementó la indignación de los afiliados. Mientras la crisis de representación se agudiza y el reclamo gremial sigue sin resolverse, Pérez habría hecho uso de su período de descanso anual a partir del 17 de diciembre, dejando tras de sí un sindicato fracturado y una base de trabajadores que promete llevar el pedido de destitución hasta las últimas consecuencias.