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USHUAIA.- El Poder Ejecutivo de Tierra del Fuego presentó ante la Legislatura el proyecto de Presupuesto para 2027, que contempla gastos totales por $2.743.395 millones y un resultado financiero negativo de $137.955 millones. La iniciativa será analizada por los legisladores durante las próximas semanas, en un escenario marcado por la reducción de transferencias nacionales y las dificultades para sostener el nivel de servicios públicos.
El desequilibrio proyectado representa un incremento del 180,4% respecto del resultado negativo previsto para 2026, que había sido estimado en $49.192 millones. La diferencia refleja una ampliación considerable de la brecha que la administración provincial deberá cubrir durante el próximo ejercicio.
El escenario financiero ya había sido advertido por funcionarios y legisladores antes de la presentación del proyecto. Desde la Legislatura señalaron que el tratamiento del Presupuesto 2027 comenzará en septiembre y que uno de los principales desafíos será determinar cómo garantizar los recursos para educación, salud y seguridad.
Un gasto que supera los $2,7 billones
El proyecto contempla un gasto global de $2,74 billones, frente a los aproximadamente $2,28 billones considerados para 2026. Esto representa una expansión nominal del 20,2%.
Dentro de las erogaciones, el gasto destinado al funcionamiento cotidiano del Estado mantiene un peso significativo. Las partidas de personal muestran un crecimiento del 20% interanual, mientras que los bienes de consumo e insumos aumentan un 18,75%.
En sentido contrario, los servicios no personales y operativos presentan una reducción del 8,89%, de acuerdo con las proyecciones incluidas en el proyecto.
En conjunto, el gasto operativo registra un incremento del 12,84% respecto del esquema considerado para el ejercicio anterior.
Salud, educación y asistencia concentran la mayor parte
Uno de los aspectos centrales de la iniciativa es la distribución del gasto por finalidad. Los Servicios Sociales concentran el 63,11% del presupuesto total, lo que refleja el peso que tendrán las áreas vinculadas con la atención directa de las necesidades de la población.
La definición adquiere particular relevancia en un contexto en el que la Provincia enfrenta dificultades para sostener distintos servicios y programas con menores recursos provenientes del Estado nacional.
En agosto, durante una reunión en la Legislatura con representantes del SUTEF, el legislador Raúl von der Thusen señaló que el Gobierno nacional había recortado más de 17 programas económicos con impacto en la provincia. En ese encuentro también se planteó la necesidad de reorganizar partidas para garantizar el financiamiento del sistema educativo.
Menos fondos nacionales y mayor presión sobre las cuentas
La situación de las transferencias nacionales aparece como uno de los factores que condicionan las previsiones para el próximo año. El ministro de Obras y Servicios Públicos, Martín Moreyra, advirtió recientemente que Tierra del Fuego no tiene certezas sobre nuevos recursos nacionales para ejecutar obras y sostuvo que el escenario de 2027 podría ser igual o más complejo que el actual.
A esa dificultad se suma la necesidad de atender una economía provincial que atraviesa una caída del consumo y una menor recaudación en algunos sectores. En ese marco, el Presupuesto deberá establecer no solamente cuánto gastará la administración sino también de qué manera cubrirá el desequilibrio previsto.
La deuda también tendrá mayor peso
Otro de los componentes que requerirá atención durante el debate legislativo será el servicio de la deuda. Para 2027 se proyecta un crecimiento del 28,1% en las obligaciones destinadas a ese concepto.
Con un déficit estimado en $137.955 millones, mayores compromisos financieros y un escenario de recursos nacionales incierto, el tratamiento parlamentario deberá definir las herramientas con las que la Provincia pretende cerrar sus cuentas durante el próximo ejercicio.
El proyecto será ahora materia de análisis en las comisiones de la Legislatura, donde además de las cifras globales se discutirá la distribución de los recursos entre las distintas áreas del Estado y las alternativas para garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales.
