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USHUAIA.- La denuncia presentada contra el juez laboral Mauricio Gastón Neubauer abrió una discusión que excede el contenido de la presentación realizada ante la Comisaría de Género y Familia de Río Grande. No porque la denuncia permita atribuir responsabilidades que todavía deben ser investigadas, sino porque vuelve a colocar bajo la lupa la trayectoria de una persona que durante años ocupó cargos de relevancia dentro de la estructura política y administrativa de Walter Vuoto.
Neubauer no fue un funcionario circunstancial de la Municipalidad de Ushuaia. En marzo de 2018, el propio Vuoto dispuso su designación como director ejecutivo de Ushuaia Integral Sociedad del Estado (UISE). La decisión fue comunicada oficialmente por el Municipio.
Posteriormente, el abogado ocupó distintos puestos dentro de la administración municipal. Documentación oficial registra su participación como subsecretario de Asuntos Laborales y Gremiales, mientras que otros antecedentes lo ubican nuevamente al frente de UISE entre 2022 y 2023.
La relación política y administrativa tampoco quedó limitada a los nombramientos. En noviembre de 2022, Vuoto compartió una actividad con los trabajadores de UISE junto a Neubauer, entonces presidente de la empresa estatal.
En 2025, Neubauer dejó la estructura municipal para asumir como juez del Juzgado de Primera Instancia del Trabajo N° 1 del Distrito Judicial Sur, luego del correspondiente proceso de selección ante el Consejo de la Magistratura.
Un segundo episodio vuelve a aparecer en escena
En paralelo, otro nombre vinculado al espacio político de Vuoto volvió a quedar expuesto públicamente por un episodio de características completamente diferentes.
Ezequiel Murray, quien había sido incorporado al gabinete municipal durante la gestión de Vuoto como subsecretario de Enlace Provincial, fue protagonista en agosto de un siniestro vial en Ushuaia. Según informó Del Fuego Noticias, el vehículo que conducía terminó dentro de una zanja y el control de alcoholemia arrojó 1,67 gramos de alcohol por litro de sangre. El vehículo fue incautado.
La designación de Murray dentro del Municipio también está documentada en publicaciones que consignan el decreto mediante el cual fue incorporado al gabinete en 2019.
Ninguno de estos episodios permite, por sí solo, atribuirle al intendente responsabilidad sobre las conductas personales de quienes fueron o son parte de su estructura política. Pero sí permiten formular una pregunta que excede cada caso individual: ¿cuánto pesa la pertenencia a un determinado círculo político cuando sus integrantes vuelven una y otra vez a ocupar espacios de relevancia institucional?
El problema no es solamente quiénes son, sino dónde terminan
La discusión adquiere mayor relevancia cuando se observa el recorrido de algunos dirigentes que pasaron por la administración municipal y posteriormente llegaron a otros espacios de poder.
El caso de Neubauer es particularmente sensible porque su trayectoria incluye cargos ejecutivos dentro del Municipio, responsabilidades en una empresa estatal y, finalmente, el acceso a la magistratura laboral. También se registró el paso de otros exfuncionarios municipales hacia la Justicia: en 2025, además de Neubauer, Gabriela San Martín —quien había ocupado cargos dentro del Ejecutivo de Ushuaia— asumió como jueza del Distrito Judicial Sur.
Esto no significa que exista una irregularidad en esos nombramientos ni que la procedencia política de una persona invalide su capacidad profesional. Ambos procesos deben ser evaluados conforme a los mecanismos institucionales correspondientes.
Pero la acumulación de trayectorias cruzadas entre la política, la administración pública y otros poderes del Estado genera inevitablemente una discusión sobre la independencia, la transparencia y la percepción que la sociedad tiene de las instituciones.
Un intendente cada vez más obligado a explicar su entorno
Vuoto atraviesa además un escenario político en el que su gestión viene siendo cuestionada desde distintos sectores. En agosto, por ejemplo, el secretario de Gobierno municipal, Sebastián Iriarte, debió salir públicamente a responder acusaciones sobre presuntas coimas en el área de Obras Privadas y sostuvo que esas denuncias debían formularse con pruebas ante la Justicia.
También se han producido cuestionamientos sobre contrataciones, designaciones y utilización de recursos municipales, algunos de ellos difundidos a partir de documentación oficial.
El escenario no implica que todas esas acusaciones tengan sustento judicial ni que puedan ser colocadas en un mismo plano. Precisamente por eso resulta necesario separar cada episodio y observar qué está probado, qué fue denunciado y qué permanece en el terreno de las interpretaciones políticas.
Lo que sí aparece como una constante es la creciente atención sobre las personas que integran, integraron o mantienen vínculos con el espacio político del intendente.
La denuncia contra Neubauer vuelve a poner esa discusión en primer plano. El episodio protagonizado por Murray agrega otro elemento al debate. Y los antecedentes de funcionarios que circularon desde el Ejecutivo municipal hacia otras posiciones institucionales completan un cuadro que, al menos desde la percepción pública, empieza a generar un nivel de interrogantes que el poder político no debería desestimar.
Porque más allá de la responsabilidad individual que corresponda establecer en cada caso, cuando una administración concentra durante años a las mismas personas en distintos lugares de poder, la confianza pública deja de depender solamente de la legalidad de cada designación y empieza a depender también de la transparencia con la que esas relaciones son explicadas ante la sociedad.
