Rio Grande: 4°
3° / 3° - Nubes
USHUAIA.- Un nuevo planteo formal puso bajo la lupa el concurso convocado para cubrir el cargo de Defensor o Defensora Provincial de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. La Comisión de Ética del Colegio Profesional de Trabajadores Sociales de Tierra del Fuego presentó ante la Comisión Especial de la Legislatura una petición en la que reclama la suspensión preventiva del procedimiento y el análisis completo de las actuaciones realizadas desde el Acta Nº 2.
El documento, presentado durante la audiencia pública del 24 de agosto, surge de un análisis de las actas publicadas oficialmente por la Legislatura y enumera una serie de situaciones que, según los profesionales, podrían afectar la igualdad de trato y oportunidades, la transparencia administrativa y el debido proceso.
Uno de los puntos señalados refiere a la cantidad de personas inscriptas. La Comisión Evaluadora dejó asentado en el Acta Nº 2 que al cierre de la convocatoria había 62 postulantes. Sin embargo, en el Acta Nº 3 la nómina pasó a 63, sin que -según la presentación- aparezca una explicación sobre la incorporación del nuevo participante ni un acta de saneamiento que justifique esa modificación.
La presentación también pone el foco en la situación de Andrea Reinozo. De acuerdo con la documentación analizada, la postulante figuraba entre las personas no admitidas, pero posteriormente participó de la primera audiencia pública y realizó su exposición. Los integrantes de la Comisión de Ética sostienen que no encontraron en el expediente publicado un acto administrativo que explicara y formalizara su incorporación a la nómina definitiva de expositores.
Otro de los cuestionamientos está relacionado con el modo en que fueron respondidas las solicitudes de reconsideración de quienes quedaron excluidos. El escrito compara particularmente los casos de Ana Beatriz Andrade y Silvia Verón.
Mientras que en el caso de Andrade, la Comisión Evaluadora incorporó fundamentos detallados, una tabla de puntajes y una grilla desagregada, respecto de Verón, se habría remitido de manera genérica al Acta Nº 5, sin acompañar documentación equivalente. Para el Colegio de Trabajadores Sociales, esta diferencia constituye un elemento que debe ser revisado.
La entidad profesional cuestiona además el tratamiento otorgado a los reclamos de los postulantes no admitidos. Según el documento, 20 personas solicitaron que se revisaran sus exclusiones y 19 presentaciones fueron rechazadas con argumentos vinculados a la falta de legitimación y al incumplimiento del artículo 31 de la Ley Provincial de Procedimiento Administrativo.
La Comisión Evaluadora también invocó el artículo 15 de la Resolución Nº 193/24, referido a la inapelabilidad de sus decisiones. Frente a ello, la Comisión de Ética sostiene que esa disposición no elimina la obligación de fundamentar las decisiones ni permite desconocer las garantías de igualdad de trato y oportunidades.
El informe incorpora un cuadro en el que reconstruye las actuaciones de distintas etapas. Allí se observa que mediante el Acta Nº 4 se otorgó la posibilidad de subsanar documentación a siete postulantes, con lo que el listado de admitidos pasó de 14 a 18. Los autores del planteo consideran que ese criterio de subsanación no habría sido aplicado de manera homogénea en instancias posteriores.
En su conclusión, la Comisión de Ética afirma que las situaciones detectadas podrían vulnerar la igualdad de trato y oportunidades, la publicidad íntegra de los actos administrativos y las garantías del debido proceso.
Cuatro medidas concretas
El pedido elevado a la Comisión Especial contempla cuatro medidas. La primera es la suspensión preventiva y la revisión integral de todo el procedimiento de evaluación y selección desde el Acta Nº 2.
En segundo lugar, reclama que se formalice y publique el acto administrativo que habría justificado la incorporación del postulante número 63 y que se explique mediante documentación oficial el pase de Andrea Reinozo desde la nómina de no admitidos hacia la lista de expositores.
La tercera solicitud apunta a unificar los criterios utilizados para responder las reconsideraciones y entregar a los postulantes excluidos que lo hayan solicitado las grillas de puntaje e informes detallados correspondientes, tomando como referencia el tratamiento aplicado en el caso Andrade.
Por último, el Colegio reclama el saneamiento de los presuntos vicios procedimentales, el cumplimiento estricto de los plazos establecidos en la convocatoria y la garantía de igualdad efectiva de condiciones entre quienes participan del concurso.
El planteo se incorpora así a los cuestionamientos que ya rodeaban la convocatoria para cubrir la titularidad de la Defensoría Provincial de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y coloca ahora a la Comisión Especial de la Legislatura ante el pedido concreto de revisar las actuaciones antes de avanzar con las siguientes etapas del proceso.
