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RÍO GRANDE.- La gestión provincial ratificó los motivos detrás de la marcha atrás aplicada al proyecto que pretendía congelar el cuadro tarifario y frenar las suspensiones del suministro de luz, gas y agua por falta de pago. Según la ministra del área energética, Gabriela Castillo, la propuesta legislativa resultaba “inviable” en términos legales y económicos, poniendo además en peligro directo la normal prestación de las redes en el territorio fueguino.
La funcionaria provincial fundamentó la postura gubernamental señalando que las tarifas locales dependen de las disposiciones de la Casa Rosada. En consecuencia, la administración fueguina carece de herramientas para congelar los precios por cuenta propia sin generar un rojo operativo terminal en las empresas distribuidoras.
Al respecto, Castillo aclaró que el sesenta por ciento del valor final de la boleta de luz responde a la cotización mayorista que impone el Estado nacional. Bajo esa línea argumental, la ministra manifestó que si la administración provincial decidiera congelar los valores facturados en la isla, carecería del flujo de fondos necesario para abonar la energía que se le compra a la Nación.
De haberse aplicado la ley, tanto la Cooperativa Eléctrica como la Dirección Provincial de Energía habrían incurrido en un fuerte endeudamiento y en severas penalidades contractuales.
En el caso del gas natural, la titular de la cartera energética repitió un esquema similar al recordar que el Ejecutivo fueguino no tiene voz ni voto en el armado de los cuadros de consumo. La ministra remarcó que las tarifas de ese servicio las habilita la Secretaría de Energía de la Nación, detallando que retrotraer los precios a los niveles del último mes del año pasado hubiese desencadenado un litigio judicial directo contra la Nación, sin aportar una salida de fondo al problema de los costos de generación.
Otro de los ejes de la defensa oficial se centró en la falta de progresividad de la norma vetada. Desde el ministerio consideraron que el proyecto adolecía de un carácter inequitativo al equiparar los beneficios para los hogares de menores recursos con los de aquellos usuarios que gozan de una buena posición económica.
Sobre este punto, Castillo consideró erróneo implementar subsidios generalizados y frenar interrupciones de suministro para sectores de altos ingresos bajo los mismos parámetros que se aplican a los hogares necesitados. Paralelamente, la funcionaria advirtió que la redacción legislativa ignoraba la realidad de los pequeños comercios de cercanía y los kioscos de los barrios, que no recibían ningún tipo de amparo en el texto aprobado.
En cuanto a la distribución de agua potable, el panorama descripto por las autoridades descarta la existencia de interrupciones vigentes. La funcionaria recalcó que a ningún usuario se le suspende el suministro de agua y que la provincia cuenta con esquemas específicos de asistencia para los sectores en situación de vulnerabilidad social, sumado a una reciente moratoria semestral para saldar deudas pendientes sin recargos financieros.
Por último, el Ministerio de Energía garantizó que se mantendrán las ventanillas de asistencia personalizada para encauzar los reclamos y resolver la situación de los usuarios con problemas de pago. Castillo concluyó invitando a los residentes a acercarse a las delegaciones de la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios y de la empresa eléctrica estatal, donde se evalúan los planes de pago y las alternativas de financiamiento caso por caso para no poner en riesgo las finanzas del sistema general.
