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USHUAIA.- La discusión judicial en torno a la reforma constitucional impulsada por el Gobierno de Tierra del Fuego sumó en los últimos días nuevos elementos que colocaron al Superior Tribunal de Justicia en el centro de la escena.
Tras la resolución de la jueza electoral Mariel Zanini, que declaró la nulidad de la convocatoria al proceso reformador, el Ejecutivo provincial presentó una apelación que abrió una nueva etapa judicial y que, eventualmente, podría terminar siendo analizada por el máximo órgano judicial fueguino.
En ese contexto, fuentes vinculadas al ámbito judicial señalaron que se habrían producido reuniones entre integrantes del Superior Tribunal, en particular entre la presidente del cuerpo, María del Carmen Battaini, y el juez Javier Muchnik. Posteriormente, también habrían sido convocados los camaristas Aníbal Acosta y Alejandro Fernández, magistrados que podrían tener participación en distintas instancias del expediente.
Si bien no existe información oficial sobre el contenido de esos encuentros, en ámbitos judiciales se interpreta que forman parte de los movimientos institucionales que comenzaron a generarse a partir de una causa considerada de alto impacto político para la administración provincial.
Compra de un inmueble
Paralelamente, trascendió que el Superior Tribunal avanzó en el tratamiento de una operación destinada a la adquisición de un inmueble que sería utilizado por la Dirección Pericial.
Según la información conocida, la propiedad se encuentra ubicada en el barrio Club de Campo y la operación alcanzaría un monto cercano a los 1.285.990 dólares.
El expediente habría sido tratado en el Acta Nº 1016 del Superior Tribunal y contaría con las firmas de María del Carmen Battaini, Javier Muchnik y Carlos Gonzalo Sagastume. Distintas versiones indican que no todos los integrantes del cuerpo habrían acompañado la iniciativa.
La operación despertó interrogantes debido al contexto económico y presupuestario que atraviesa el Poder Judicial. Meses atrás, las autoridades judiciales habían anunciado una serie de medidas de contención del gasto ante la reconducción del presupuesto provincial, entre ellas restricciones en viáticos, limitaciones para nuevas designaciones, suspensión de concursos y reducción de diversos gastos operativos.
De acuerdo con los datos que trascendieron, el inmueble habría contado con tasaciones previas que oscilaban entre los 700 mil y los 850 mil dólares, aunque el valor final de la operación superaría los 1,28 millones de dólares. Además, la propiedad requeriría trabajos de adecuación para su funcionamiento como dependencia pública.
Sin definiciones
Mientras la controversia sobre la reforma constitucional continúa su recorrido judicial y espera nuevas definiciones, la compra del inmueble incorporó otro foco de atención sobre la actividad del Superior Tribunal.
La combinación entre una causa de fuerte impacto político y una inversión millonaria en infraestructura volvió a poner bajo análisis las decisiones adoptadas por el máximo órgano judicial de la provincia y la utilización de los recursos destinados al funcionamiento del sistema de justicia.
