USHUAIA.- El debate oral y público que se le sigue a tres hombres por supuestas estafas en la asignación y venta ilícita de soluciones habitacionales del sindicato estatal entró en su tramo resolutivo debido a que este viernes se dio por cerrada la recepción de pruebas testimoniales.
En el banquillo de los acusados se encuentran Carlos Córdoba y Miguel Arana, señalados por 22 episodios de presunta defraudación en el marco de un plan de 128 unidades habitacionales en el barrio Barrancas del Río Pipo, mientras que Eric Moscoso Panozo afronta cargos por presunto lavado de dinero.
A lo largo de las audiencias que se iniciaron el lunes pasado, pasaron un total de 24 testigos frente a los jueces. Entre las declaraciones más destacadas estuvo la del antiguo titular del IPV, Gustavo Vázquez, quien ratificó ante las autoridades judiciales que los procesados efectuaban trámites y gestiones para la adjudicación de los inmuebles.
En idéntica sintonía prestó declaración la responsable del sector Social del IPV que coordinó los procedimientos del plan de las 128 viviendas en la zona sur de la capital. La empleada jerárquica detalló que se hallaron siete postulaciones enviadas por la entidad gremial que correspondían a ciudadanos ajenos a la administración pública y que no reunían las condiciones regulatorias del organismo habitacional.
Durante las sucesivas jornadas de la semana también comparecieron más de una veintena de denunciantes que se consideran damnificados directos por las acciones bajo investigación judicial.
Antes del cierre de la actividad de la semana, Carlos Córdoba solicitó hacer uso del derecho a ampliar su declaración indagatoria. En su descargo rechazó las imputaciones penales y manifestó que desde la conducción del sindicato “siempre quisieron ayudar a las personas que necesitaban una vivienda”.
Las audiencias penales se reanudarán el próximo miércoles a partir de las 9.30 con las conclusiones y peticiones de pena de cada una de las partes.
La agenda estipula que el fiscal Daniel Curtale realice la apertura de los fundamentos acusatorios y posteriormente expondrán los asesores letrados de los sospechosos. Ante la posibilidad de que las alocuciones resulten extensas, los integrantes del Tribunal en lo Criminal evalúan desdoblar la instancia de alegatos en dos días diferentes.
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