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USHUAIA.- Más de un año después de haber sido detenido en el paso fronterizo Integración Austral, en Monte Aymond, el empresario ushuaiense Daniel Alberto Szarapo logró regresar al país tras alcanzar un acuerdo con la Justicia chilena. Sin embargo, lejos de cerrar definitivamente el caso, la resolución dejó abiertas varias preguntas que aún no encuentran una respuesta pública.
El episodio ocurrió durante un control del Servicio Nacional de Aduanas de Chile cuando Szarapo regresaba a Ushuaia. Según la investigación, declaró transportar US$7.000, pero los fiscalizadores encontraron alrededor de US$90.000 ocultos en distintos sectores del vehículo.
La legislación chilena exige declarar toda suma superior a US$10.000, aun cuando el viajero sólo transite por ese país para dirigirse a Tierra del Fuego.
Como consecuencia de esa diferencia entre el dinero declarado y el efectivamente transportado, la Fiscalía de Magallanes formalizó una causa por contrabando de moneda extranjera y el empresario quedó con prohibición de abandonar Chile mientras avanzaba la investigación.
Una causa que pudo terminar en juicio
La querella presentada por el Servicio Nacional de Aduanas solicitó inicialmente una pena que iba de cinco a diez años de prisión, además de una multa equivalente de dos a cinco veces el valor aduanero del dinero involucrado y el decomiso de los fondos retenidos. Sin embargo, el expediente nunca llegó a juicio.
El 25 de julio de 2025, el juez chileno Franco Reyes Pozo resolvió conceder una suspensión condicional del procedimiento por el término de tres años, una figura prevista en la legislación chilena que evita la realización del juicio siempre que el imputado cumpla determinadas condiciones impuestas por el tribunal.
Las condiciones impuestas por la Justicia
La resolución judicial estableció que Szarapo debía abonar US$50.000, equivalentes a 48,2 millones de pesos chilenos, en concepto de indemnización al Fisco. Pero el fallo incorpora un dato que hasta ahora había pasado prácticamente inadvertido.
Ese dinero no debía ser aportado nuevamente por el imputado, sino que sería imputado a los fondos que permanecían retenidos por el Ministerio Público chileno.
Además, el juez dispuso que realizara una donación de US$5.000 —unos 4,9 millones de pesos chilenos— a beneficio de las Jornadas por la Rehabilitación en Magallanes.
Cumplidas esas condiciones, el magistrado levantó el arraigo nacional que pesaba sobre el empresario y autorizó su regreso a Ushuaia.
Los interrogantes que siguen abiertos
Si bien la defensa sostuvo durante toda la investigación que los dólares provenían de la venta de una propiedad heredada en Córdoba, la explicación nunca despejó varias dudas que continúan vigentes.
Si el origen del dinero era legítimo, ¿por qué declaró solamente US$7.000 cuando transportaba alrededor de US$90.000? ¿Por qué parte del efectivo fue encontrada oculta durante la inspección aduanera?
¿Qué inconveniente bancario le habría impedido depositar semejante cantidad de dinero antes de iniciar un viaje de más de 3.000 kilómetros?
Y otro interrogante igualmente relevante es si la operación inmobiliaria invocada por la defensa coincide efectivamente con el monto del dinero transportado.
Hasta el momento, ninguna de esas preguntas fue respondida públicamente.
¿Qué pasó con los otros US$40.000?
La resolución judicial también deja abierta otra incógnita. El fallo establece expresamente que US$50.000 fueron tomados del dinero retenido para indemnizar al Fisco chileno.
Pero si el monto secuestrado rondaba los US$90.000, la documentación difundida públicamente no explica qué ocurrió con los aproximadamente US$40.000 restantes.
No queda claro si fueron restituidos al empresario, si permanecieron retenidos, si fueron objeto de algún decomiso parcial o si existió otra resolución complementaria que no trascendió. Ese punto constituye hoy uno de los principales vacíos de información del expediente.
El vínculo con la Federación de Judo
Mientras el caso avanzaba en Chile, otro aspecto comenzó a despertar interés público en Tierra del Fuego.
Daniel Szarapo fue mencionado en distintas publicaciones como secretario de la Federación de Judo y Defensa Personal de Tierra del Fuego y, posteriormente, como veedor en actividades oficiales de graduación y evaluación de deportistas.
Se trata de una entidad que representa institucionalmente a la disciplina en la provincia y que participa en competencias, exámenes y actividades oficiales vinculadas al judo fueguino.
Hasta el momento, no trascendieron pronunciamientos públicos de la Federación respecto del caso ni información oficial que permita conocer si Szarapo continúa desempeñando funciones dentro de esa institución.
Una obligación que no admite excepciones
Más allá de las particularidades del expediente, el caso volvió a poner de relieve la importancia de cumplir con las normas aduaneras al cruzar una frontera internacional.
La legislación chilena establece que toda persona que transporte más de US$10.000 debe declararlo ante las autoridades. El incumplimiento de esa obligación puede derivar en investigaciones penales, retención del dinero, restricciones para abandonar el país y severas sanciones económicas.
En el caso de Daniel Alberto Szarapo, el proceso quedó suspendido condicionalmente y pudo regresar a Ushuaia. Sin embargo, la decisión de declarar sólo una parte del efectivo, el origen documentado de los fondos, el destino final de los aproximadamente US$40.000 que no fueron afectados al acuerdo judicial y su actual situación dentro de una entidad de representación deportiva provincial continúan siendo aspectos que, hasta hoy, permanecen sin una respuesta pública documentada.
