USHUAIA.- Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista en Radio Provincia, en el programa conducido por el periodista Christian Nissota, donde explicó que el análisis fue elaborado desde “Agora Estrategias”, una consultora jurídica e institucional conformada junto al abogado José Montes de Oca, desde donde realizaron un informe sobre el proceso de reforma impulsado por el oficialismo provincial.
“Se habla de reforma como si fuese algo simple o cotidiano, y no es una norma más la que se pretende modificar. Estamos hablando de la base sobre la que se estructura todo un sistema político y social”, afirmó.
Carro remarcó que la Ley 1529 planteaba una reforma parcial de la Constitución, aunque advirtió que el alcance real del proyecto era mucho más amplio.
“Estamos hablando de 70 artículos que se pretendían modificar. Es una modificación prácticamente estructural”, sostuvo.
En ese contexto, señaló que el proceso quedó atravesado por judicializaciones, reinterpretaciones de plazos y redefiniciones permanentes que terminaron generando un escenario de incertidumbre institucional.
“La base legal que habilitaba la convención hoy no se encuentra vigente. La ley está derogada”, remarcó.
Además, explicó que la competencia para habilitar una reforma constitucional corresponde a la Legislatura y no al Poder Ejecutivo.
“El Ejecutivo ejecuta la decisión que la Legislatura toma a través de una norma. Hoy tenemos una Legislatura que años atrás interpretó la necesidad de avanzar con la reforma y que ahora entiende que el contexto no está dado”, expresó.
La abogada también puso el foco en las consecuencias jurídicas e institucionales que podría tener avanzar con una eventual convención constituyente sin una norma vigente que la respalde.
“Si se constituye una convención, ¿sobre qué base legal se sostendría? ¿Cuál es la ley que habilita los artículos que deberían debatirse? Hoy esa ley no está”, planteó.
Durante la entrevista también cuestionó el nivel de judicialización que adquirió el proceso y consideró que la discusión terminó alejándose de los límites establecidos por la propia Constitución provincial.
“Todo esto fue una reinterpretación constante: se flexibilizó, se readecuó, se volvió a discutir. Y eso no está previsto constitucionalmente”, señaló.
En otro tramo de la charla, vinculó el debate de la reforma con la situación económica y social que atraviesa la provincia.
“La gente hoy está pensando en cómo llegar a fin de mes. No veo que la sociedad tenga como prioridad discutir una reforma constitucional”, afirmó.
Y agregó: “Pensar que una reforma de la Constitución va a solucionar los problemas cotidianos es subestimar a la sociedad”.
Finalmente, Carro advirtió sobre algunos de los artículos incluidos dentro del paquete de reformas originalmente impulsado, vinculados a organismos de control, responsabilidades de funcionarios y previsión social.
“No me queda claro si esto busca fortalecer institucionalidad o debilitar organismos de control”, concluyó.
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