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RIO GRANDE.- Las consecuencias de los graves episodios ocurridos en la Unidad de Detención N° 1 de esta ciudad llegarán a la Legislatura provincial. La presidente de la Comisión de Seguridad, Natalia Gracianía, confirmó que convocarán al ministro Jefe de Gabinete, Jorge Canals, para que informe sobre las decisiones adoptadas por el Gobierno luego de los hechos que derivaron en una investigación penal.
La legisladora de La Libertad Avanza indicó que la causa se encuentra en plena etapa investigativa y recordó que, tras los incidentes, fueron separados de sus funciones siete integrantes del Servicio Penitenciario, además de quien se encontraba al frente de la unidad carcelaria.
“Entiendo que la Justicia ha tomado intervención en esta causa, que se han llevado adelante medidas probatorias, que está en una etapa de investigación y que también hubo una decisión de pasar a disponibilidad a agentes del Servicio Penitenciario y a quien estaba al frente de la Unidad de Detención”, expresó Gracianía.
Asimismo, señaló que en los próximos días también será convocada la máxima autoridad del Servicio Penitenciario para mantener una reunión con los integrantes de la Comisión de Seguridad y brindar detalles sobre la situación actual.
“Vamos a citar en los próximos días al Ministro Jefe de Gabinete y a quien está al frente del Servicio Penitenciario para que se reúnan con los integrantes de la Comisión de Seguridad y poder conocer cuál es la situación y cómo están afrontando lo sucedido”, sostuvo.
Avanza la investigación judicial
Mientras tanto, la causa penal continúa sumando testimonios. La jueza de Instrucción Cecilia Cataldo tomó declaración a familiares de los internos Jonathan Gastón Burgoa, su hijo Maxi Burgoa y Pedro Jesús Flores, quienes resultaron víctimas del ataque ocurrido el pasado 9 de mayo en la Unidad de Detención de Río Grande.
La audiencia contó con la participación del fiscal Mayor Martín Bramatí, quien lleva adelante la acusación en una investigación que tiene como imputados a siete agentes penitenciarios y a 17 internos alojados en el Pabellón B.
Según trascendió de las declaraciones, los familiares manifestaron que los detenidos agredidos temen sufrir represalias si avanzan con denuncias formales sobre lo sucedido. Además, señalaron al interno Ezequiel Tejada como uno de los presuntos organizadores de la golpiza, en el marco de conflictos previos que mantenía con las víctimas.
Otro de los planteos expuestos durante la audiencia estuvo vinculado a la falta de información que recibieron por parte de las autoridades penitenciarias. Los familiares afirmaron que nunca fueron notificados oficialmente sobre los incidentes ni sobre el posterior traslado de los internos a la ciudad de Ushuaia, medida que se habría dispuesto para resguardar su integridad física.
Durante las testimoniales también surgieron referencias a presuntas irregularidades dentro del establecimiento carcelario, entre ellas situaciones relacionadas con el ingreso de sustancias estupefacientes destinadas al consumo de los reclusos.
La próxima etapa de la investigación incluirá nuevas declaraciones. Para ello, la jueza Cecilia Cataldo tiene previsto trasladarse la semana próxima a Ushuaia, donde tomará testimonio a las víctimas del ataque registrado en el Pabellón B de la Unidad de Detención.
