Martín Perez destacó la cautelar contra Rockhopper y Navitas
El intendente de Río Grande valoró la medida adoptada por la Justicia Federal en relación con el proyecto Sea Lion y remarcó la participación del Municipio como parte interesada en la causa. También vinculó la defensa de Malvinas con la protección ambiental y de los recursos naturales.
RÍO GRANDE.- La medida cautelar dictada por la jueza federal Mariel Borruto alcanzó a las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum, a las que ordenó abstenerse de iniciar, continuar o ejecutar actos materiales vinculados con el proyecto hidrocarburífero Sea Lion, ubicado al norte de las Islas Malvinas.
A partir de esta resolución, el intendente Martín Perez destacó la decisión judicial y volvió a referirse a la intervención de Río Grande en la causa. El Municipio se presentó como parte interesada en el expediente iniciado por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata y la Asociación de Abogados y Abogadas Ambientalistas.
“Es una decisión importante”, expresó Perez al referirse al fallo, y sostuvo que la resolución considera que las actividades hidrocarburíferas desarrolladas sobre la plataforma continental argentina están sometidas a las leyes nacionales y requieren la intervención de las autoridades argentinas.
En ese sentido, el intendente planteó que la participación de Río Grande en el proceso judicial está vinculada con la defensa de los recursos naturales, el ambiente y los derechos soberanos argentinos.
“Desde Río Grande nos presentamos como parte interesada en esta causa porque Malvinas también se defiende así”, sostuvo.
La Justicia Federal de Río Grande había declarado previamente su competencia para intervenir en la demanda presentada contra Rockhopper y Navitas. En esa oportunidad, Borruto vinculó la causa con cuestiones relacionadas con la soberanía nacional, el territorio y la protección ambiental.
La posterior medida cautelar dispuso el freno de los actos materiales relacionados con el emprendimiento mientras continúa el trámite judicial. La resolución comprende actividades vinculadas con el desarrollo del proyecto y establece distintas obligaciones de información para las empresas.
Sea Lion es un proyecto hidrocarburífero impulsado por Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum en la Cuenca Norte de las Islas Malvinas. La controversia judicial incorpora cuestiones relacionadas con la explotación de hidrocarburos, el impacto ambiental y la aplicación de la legislación argentina.
Perez también destacó la actuación de las organizaciones que promovieron la acción judicial y la resolución de la magistrada.
“Valoramos la decisión de la jueza federal Mariel Borruto y el trabajo del CECIM La Plata y de la Asociación de Abogados y Abogadas Ambientalistas, que impulsaron esta acción”, afirmó.
En otro tramo de su mensaje, el intendente vinculó la cuestión de Malvinas con problemáticas que exceden el reclamo histórico de soberanía.
“Malvinas no es solamente memoria. Es presente. Es ambiente, recursos naturales, soberanía y futuro”, sostuvo.
La participación municipal en el expediente había sido anunciada por Perez días atrás, cuando señaló que Río Grande no debía permanecer al margen de las actividades hidrocarburíferas proyectadas en el Atlántico Sur y planteó la necesidad de intervenir desde el ámbito judicial.
La decisión cautelar no constituye una sentencia definitiva sobre el fondo de la causa. El proceso judicial continuará con la incorporación de informes y demás elementos requeridos por el juzgado antes de determinar los pasos posteriores.
En ese marco, Perez ratificó la continuidad de la participación de la ciudad. “Río Grande tiene una responsabilidad en esta discusión y la vamos a ejercer. Vamos a defender nuestros derechos en cada ámbito donde sea necesario”, expresó.
La causa se desarrolla además en un contexto de actuaciones impulsadas por el Gobierno nacional contra empresas vinculadas con actividades hidrocarburíferas en el área de Malvinas. El 7 de septiembre, la Casa Rosada informó la presentación de una denuncia penal contra distintas empresas vinculadas con Navitas y señaló que la medida buscaba proteger los recursos naturales y los derechos soberanos argentinos.
