Martín Perez cuestionó la presencia de Marines en Ushuaia y reclamó explicaciones al Gobierno

RÍO GRANDE.- La presencia de personal militar estadounidense en Ushuaia generó un nuevo cuestionamiento político en Tierra del Fuego, esta vez del intendente de Río Grande, Martín Perez, quien reclamó al Gobierno nacional precisiones sobre el ingreso y permanencia de efectivos extranjeros en territorio argentino.

A través de una publicación en sus redes sociales, el jefe comunal sostuvo que la presencia de militares de una potencia extranjera en la provincia resulta “preocupante” y planteó la necesidad de determinar si el despliegue cuenta con la autorización parlamentaria que establece la Constitución Nacional.

Perez vinculó el planteo con información difundida por el medio Agenda Malvinas sobre la presencia de efectivos del Cuerpo de Marines de Estados Unidos en Ushuaia y reclamó que tanto el Poder Ejecutivo como el Congreso intervengan para esclarecer la situación.

“¿Tienen aprobación del Congreso como exige nuestra Constitución Nacional?”, preguntó el intendente, y sostuvo que el Gobierno nacional “debe informar con precisión la situación denunciada por el medio Agenda Malvinas”.

La cuestión tiene además un marco constitucional específico. El artículo 75, inciso 28, establece entre las atribuciones del Congreso la de “permitir la introducción de tropas extranjeras en el territorio de la Nación, y la salida de las fuerzas nacionales fuera de él”. Ese procedimiento fue reglamentado posteriormente mediante la Ley 25.880, que establece que el Poder Ejecutivo debe solicitar al Congreso la autorización correspondiente para permitir el ingreso de tropas extranjeras.

Presencia de Marines en Ushuaia

Cabe recordar que, según una investigación publicada por Agenda Malvinas, en los últimos meses se habría consolidado una rotación de contingentes de entre 20 y 30 efectivos del Cuerpo de Marines de Estados Unidos y de fuerzas especiales dependientes del Comando Sur, con actividades conjuntas junto al Batallón de Infantería de Marina Nº 4 (BIM 4), con asiento en el área de la Base Aeronaval Ushuaia.

De acuerdo con esa publicación, los militares estadounidenses desarrollarían tareas de reconocimiento de terreno, marcha y supervivencia en zonas montañosas, valles y glaciares cercanos a Ushuaia, en ejercicios destinados a evaluar condiciones operativas en el ambiente subantártico. Agenda Malvinas también informó sobre el ingreso de equipamiento militar estadounidense a través del aeropuerto de Ushuaia.

La información fue presentada por ese medio como parte de un esquema de cooperación y entrenamiento con unidades argentinas. No obstante, el planteo de Perez apunta específicamente a determinar bajo qué marco jurídico se produce el ingreso y permanencia de esos efectivos extranjeros y si corresponde una autorización del Congreso.

En ese sentido, el intendente consideró que el propio Parlamento debería ejercer sus facultades de control y verificar “el posible incumplimiento de lo dispuesto por la Constitución Nacional en el artículo 75 inciso 28”.

La Base Naval y el temor a una presencia extranjera permanente

El reclamo de Perez se produjo además en momentos en que el Gobierno nacional anunció la continuidad de las obras de la Base Naval Integrada de Ushuaia, un proyecto que permanecía paralizado y que la administración de Javier Milei decidió reactivar.

Para el intendente, ambas cuestiones no deberían confundirse. “La decisión anunciada por el Presidente de dar continuidad a las obras de construcción de la Base Naval de Ushuaia, paralizadas tras casi 3 años, no debe convertirse en un intento de meter por la ventana la militarización del territorio argentino por parte de potencias extranjeras”, afirmó.

Perez sostuvo que la futura infraestructura debe quedar bajo control exclusivo de las Fuerzas Armadas argentinas y marcó su rechazo a cualquier eventual utilización de la instalación por parte de fuerzas militares extranjeras. “Únicamente las Fuerzas Armadas Argentinas deben tener permitido el uso de la base”, expresó.

El planteo se produce en paralelo con la nueva hoja de ruta definida para la Base Naval Integrada, que contempla cinco licitaciones públicas y una primera etapa centrada en la construcción de 240 metros de un muelle proyectado de 585 metros. El Gobierno nacional sostiene que el proyecto estará destinado a fortalecer las capacidades argentinas en el Atlántico Sur y la logística antártica.

En ese contexto, Perez reclamó que la reactivación de la infraestructura militar no implique una modificación del carácter nacional de la instalación ni habilite, por fuera de los mecanismos constitucionales, una presencia militar extranjera permanente en Tierra del Fuego.

“Ninguna ley ni mucho menos la Constitución Nacional avalan la militarización de nuestro territorio por parte de otros países”, concluyó el intendente.