“La emergencia de la Caja no puede convertirse en la emergencia de los retirados”

Las familias de policías retirados de origen territorial cuestionaron el proyecto de emergencia presentado ante la Legislatura. Advierten por el impacto de las medidas sobre los beneficiarios y reclaman auditorías, transparencia y el pago de los haberes adeudados.

14/09/2026

RÍO GRANDE.- La Caja Previsional para el Personal Policial y Penitenciario y Compensadora para el Personal Policial del Ex Territorio propuso declarar la emergencia económica y financiera del organismo por dos años, prorrogables por otros dos, ante el desequilibrio que atraviesa el sistema.
El proyecto señala que el régimen territorial cuenta actualmente con 2 aportantes activos y 541 beneficiarios y atribuye parte del desequilibrio a la integración de la Caja Compensadora al sistema provincial mediante la Ley 834. También menciona informes actuariales de 2012, 2017 y 2022.
Entre las medidas previstas figuran la modificación del cálculo del haber compensatorio territorial, la creación de un Fondo de Emergencia, un plan de regularización de obligaciones de hasta 36 meses, un aporte extraordinario del 3% para los beneficiarios y un diferimiento de dos meses en la aplicación de la movilidad.
El proyecto también establece que la adhesión al plan de pago implicará la renuncia a iniciar reclamos judiciales sobre las obligaciones comprendidas y el desistimiento de acciones en trámite.

legislatura territoriales
Las familias de los retirados territoriales cuestionan especialmente esas disposiciones y aseguran que llevan más de 15 meses esperando el pago de sus haberes. Reclaman conocer la situación financiera real de la Caja, sus ingresos, egresos, patrimonio, aportes y transferencias.
Además, exigen auditorías independientes y transparentes y que se determinen las responsabilidades por la administración del sistema. El proyecto prevé, precisamente, un Comité Técnico que tendrá diez meses para elaborar una reforma integral, con nuevos informes actuariales, una auditoría de pasivos judiciales y una proyección financiera a diez años.
Las familias sostienen que no buscan enfrentar a los distintos sectores de la Policía, sino obtener respuestas sobre el origen de la crisis y una solución para quienes continúan sin cobrar.
“No pedimos privilegios. No pedimos favores. Pedimos que se respeten nuestros derechos y que se cumpla con las obligaciones que el Estado y la Caja tienen con nosotros.”

Total Energies