Gabriela Castillo, bajo la lupa por las promesas que no resolvieron Chacra VIII
Los vecinos arrastran reclamos desde hace más de una década y el Estado terminó destinando más de $1.400 millones para completar la infraestructura del sector. La funcionaria fue una de las principales caras visibles de los anuncios de obras, pero las familias todavía reclaman por los servicios pendientes.
RÍO GRANDE.- Este martes, el malestar de vecinos de Chacra VIII volvió a poner en discusión una problemática que lleva más de una década sin una solución definitiva. El conflicto involucra a las familias que adquirieron terrenos del emprendimiento de Moliterno y también expone el papel que tuvo el Estado frente a los incumplimientos y a los sucesivos anuncios de infraestructura.
En ese recorrido, Gabriela Castillo ocupó un lugar central como funcionaria provincial vinculada a las obras públicas y como una de las principales responsables de comunicar las soluciones anunciadas para el sector.
La reconstrucción de los antecedentes muestra que los reclamos no comenzaron con las últimas obras. Ya en 2018 compradores de terrenos denunciaban demoras en la entrega de los lotes y falta de infraestructura. Desde la empresa se atribuían entonces los retrasos a dificultades técnicas y se anunciaba que los terrenos serían entregados en diciembre de ese año. La promesa no terminó con el conflicto.
Reclamos que atravesaron distintas gestiones
Durante los años siguientes continuaron las denuncias de vecinos por la falta de servicios básicos. En 2020, compradores volvieron a reclamar públicamente por la situación de los terrenos y cuestionaron la falta de respuestas de la empresa y de organismos estatales.
En 2022 aparecieron nuevos testimonios sobre las dificultades que atravesaban las familias para avanzar con sus viviendas. En uno de ellos también se mencionaron reuniones con Gabriela Castillo y el reclamo por la falta de avances suficientes.
La sucesión de testimonios permite establecer que la problemática ya era conocida por las autoridades antes de que comenzaran las actuales obras de infraestructura.
El Estado comenzó a hacerse cargo
En diciembre de 2023, el Gobierno provincial anunció el inicio de trabajos para desarrollar infraestructura sanitaria en el sector. La intervención incluía las redes de agua y cloacas y fue presentada como una respuesta a una demanda que llevaba años sin resolverse.
Castillo, entonces ministra de Obras y Servicios Públicos, fue una de las funcionarias que explicó públicamente ese proceso.
Pero la infraestructura eléctrica todavía estaba pendiente
En marzo de 2025, el Gobierno provincial reconoció que la empresa urbanizadora no había logrado construir durante más de una década la infraestructura necesaria y anunció una primera etapa destinada a avanzar con la electrificación.
El reconocimiento oficial resulta significativo porque confirma que el problema excedía los reclamos aislados de los vecinos y que existía una infraestructura pendiente desde hacía años. Más de $1.400 millones para la electricidad
La etapa de electrificación avanzó durante 2026
En marzo se realizó la apertura de ofertas para una obra cuyo presupuesto oficial era de $1.158 millones, con un plazo de ejecución de 240 días. El proyecto contemplaba redes de media y baja tensión, centros de transformación y alumbrado público.
En julio se informó finalmente la firma del contrato, con una inversión superior a $1.400 millones y una cobertura estimada para unas 400 familias.
El dato económico adquiere relevancia cuando se lo compara con el origen del conflicto. Se trata de una urbanización privada cuyos compradores llevan años reclamando por servicios que no fueron completados y que ahora requieren una importante inversión pública.
La pregunta sobre los controles
La intervención estatal permite resolver una necesidad concreta de las familias, pero también deja planteados otros interrogantes.
Si el propio Gobierno reconoce que durante más de una década la empresa urbanizadora no pudo completar la infraestructura, resulta necesario determinar qué controles se realizaron durante ese período, qué obligaciones se exigieron al desarrollador y qué mecanismos existen para determinar responsabilidades por las obras que finalmente afronta el Estado.
La información disponible no permite establecer que se hayan recuperado los fondos públicos destinados a completar la infraestructura ni que exista una sanción económica contra el desarrollador por ese motivo.
Tampoco alcanza para atribuirle personalmente a Castillo la responsabilidad por el origen del incumplimiento privado. Lo que sí puede analizarse es su actuación como funcionaria frente a un problema que ya llevaba años de reclamos cuando asumió la conducción de áreas vinculadas con las obras necesarias para resolverlo.
Anuncios frente a resultados
Los anuncios oficiales fueron sucediéndose con el paso de los años, pero las obras necesarias para completar los servicios también fueron demorándose. Incluso durante 2026 todavía se encontraban en proceso distintas etapas de infraestructura.
Por eso, después de más de una década, el resultado no debería medirse únicamente por la cantidad de anuncios, licitaciones o contratos firmados. El parámetro concreto será si las familias cuentan finalmente con agua, cloacas, electricidad y alumbrado público funcionando.
El caso también vuelve a poner sobre la mesa una discusión más amplia sobre el control de los desarrollos urbanísticos y la responsabilidad del Estado cuando los compromisos asumidos por privados no se cumplen.
Los vecinos siguen reclamando una solución definitiva
Y es precisamente esa distancia entre los anuncios realizados desde el Gobierno y el tiempo que demandó convertirlos en obras concretas la que vuelve a colocar a Gabriela Castillo bajo la lupa, esta vez frente a un conflicto que lleva más de una década y que todavía mantiene preguntas sin respuesta.
Fuente: Polo Sur Tierra del Fuego.
