Araujo reclama que el Congreso vuelva a discutir los límites a la compra de tierras por extranjeros
El diputado fueguino recordó que es cofirmante de un proyecto que busca modificar las restricciones previstas en la Ley de Tierras Rurales y sostuvo que el nuevo escenario judicial vuelve a poner el tema en la agenda legislativa.
RÍO GRANDE.- Tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que dejó sin efecto una sentencia que había frenado la derogación de la Ley 26.737, el diputado fueguino Jorge “Koky” Araujo reclamó que el Congreso retome el debate sobre las condiciones para la adquisición de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras.
El máximo tribunal resolvió este martes revocar el fallo de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual se derogó la Ley de Tierras Rurales. La Corte fundamentó su decisión en la falta de legitimación del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) para promover la acción judicial y aclaró que no se pronunció sobre la constitucionalidad de la derogación.
A partir de esta situación, Araujo sostuvo que se abre una nueva instancia para que el Poder Legislativo discuta qué límites deberían establecerse sobre la propiedad extranjera de tierras rurales.

“Este fallo abre un nuevo escenario y vuelve a poner sobre la mesa una discusión que el Congreso no puede eludir: qué límites debe tener la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros y qué herramientas conserva la Argentina para proteger su territorio y sus recursos estratégicos”, afirmó.
El legislador fueguino es uno de los cofirmantes del expediente 3247-D-2026, presentado el 3 de julio en la Cámara de Diputados. La iniciativa propone modificar la Ley 26.737 en lo referido a los límites para la adquisición de inmuebles rurales por parte de personas físicas o jurídicas extranjeras. El proyecto fue girado a las comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales y Agricultura y Ganadería.
La Ley 26.737, sancionada en 2011, establecía un límite del 15% para la titularidad extranjera de tierras rurales, además de restricciones por nacionalidad y por titular. Esas disposiciones fueron derogadas por el artículo 154 del DNU 70/2023.
“La tierra no es una mercancía más. Es territorio, producción, recursos naturales y soberanía. No estamos hablando solamente de una operación inmobiliaria: estamos hablando de qué país queremos construir y de qué capacidad debe conservar el Estado argentino para proteger sus intereses estratégicos”, planteó Araujo.
El diputado también vinculó el debate con la situación particular de Tierra del Fuego y de la región patagónica. En ese sentido, señaló que la cuestión territorial adquiere una dimensión especial por su relación con los recursos naturales, las zonas de frontera, el Atlántico Sur y la proyección antártica.
“El fallo de la Corte resuelve una cuestión judicial concreta, pero no puede cerrar el debate político y legislativo. Si la legislación vigente dejó de proteger determinados intereses nacionales, corresponde que el Congreso discuta democráticamente cuáles deben ser las nuevas reglas”, sostuvo.
La discusión legislativa, por lo tanto, vuelve a quedar planteada a partir de un proyecto que ya tiene estado parlamentario. La iniciativa de la que participa Araujo todavía debe atravesar el tratamiento en las comisiones correspondientes antes de llegar al recinto.
Finalmente, el diputado sostuvo que la discusión debería abordarse como una política de Estado vinculada con la administración del territorio nacional.
“Defender la soberanía también significa decidir quién puede adquirir determinadas tierras, bajo qué condiciones y con qué límites. Esa discusión tenemos que darla con responsabilidad, sin consignas y pensando en las próximas generaciones”, concluyó.
