Advierten dificultades para aplicar las leyes de salud mental en Tierra del Fuego

RÍO GRANDE.- Un estudio sobre las políticas públicas de salud mental y prevención del suicidio en Tierra del Fuego identificó avances en el reconocimiento de derechos y en la creación de dispositivos de atención, pero advirtió dificultades para trasladar las normas vigentes a respuestas concretas para la comunidad.

La investigación, titulada “La salud mental y la prevención del suicidio en la frontera: entre el marco legal y su aplicación práctica en Tierra del Fuego”, fue presentada por las politólogas Débora Noemí Villalba y Gisela Pichunman, docente investigadora del Instituto de Cultura, Sociedad y Estado de la UNTDF, durante las II Jornadas de Salud Mental Comunitaria e Inclusión Social, organizadas por la Tecnicatura Superior en Acompañamiento Terapéutico del CENT 35 de Río Grande.

El trabajo se centró especialmente en Río Grande durante el período 2019-2024. Para su elaboración, se analizaron normas nacionales, provinciales y municipales, y se realizaron entrevistas semiestructuradas a referentes de organizaciones sociales, funcionarios públicos y un concejal de la ciudad.

Entre los principales problemas detectados, el estudio señaló la implementación parcial de mecanismos de articulación entre sectores, las restricciones presupuestarias y las diferencias en la distribución de recursos entre los tres municipios fueguinos.

Avances y dificultades institucionales

La investigación destacó que Tierra del Fuego incorporó tempranamente los lineamientos nacionales en materia de salud mental y prevención del suicidio. Entre las principales referencias normativas mencionó la Ley Nacional de Salud Mental 26.657, sancionada en 2010, y la Ley Nacional de Prevención del Suicidio 27.130, de 2015.

Ambas normas establecen principios orientados al reconocimiento de derechos, la atención integral y el desarrollo de estrategias comunitarias de prevención y acompañamiento.

En Río Grande, las organizaciones de la sociedad civil tuvieron un papel relevante en la visibilización de estas problemáticas y en la incorporación de sus demandas a la agenda pública. Ese proceso contribuyó a la creación de áreas técnicas específicas y a la ampliación progresiva de los dispositivos de atención.

Sin embargo, uno de los principales hallazgos fue la falta de funcionamiento sostenido de los espacios institucionales previstos para la participación y el trabajo conjunto entre el Estado y las organizaciones sociales.

El estudio mencionó al Consejo Municipal de Salud Mental, que sesionó por primera vez a fines de agosto de 2026, y al Consejo Consultivo Honorario como ámbitos contemplados en la normativa para intervenir en el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas públicas.

Según la investigación, las dificultades para sostener estos espacios limitan la participación institucional y hacen que la articulación dependa principalmente de canales informales.

También se identificó la necesidad de mejorar la coordinación entre el Gobierno provincial y el Municipio para evitar respuestas fragmentadas y avanzar en políticas sostenidas en el territorio.

Financiamiento y coordinación

En sus conclusiones, el trabajo advirtió que la existencia de leyes y programas no garantiza por sí sola que las respuestas previstas lleguen efectivamente a la población.

Por ese motivo, planteó la necesidad de construir acuerdos políticos que permitan asegurar un financiamiento progresivo, sostener los espacios de participación y fortalecer la coordinación entre los distintos niveles del Estado y las organizaciones sociales.

El desafío, según la investigación, consiste en transformar el reconocimiento formal de los derechos en políticas públicas integrales, sostenidas en el tiempo y adaptadas a las necesidades de cada comunidad.