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USHUAIA.- La Legislatura provincial volvió a pronunciarse este viernes sobre uno de los debates institucionales más trascendentes de los últimos años y confirmó la derogación de la Ley 1529, normativa que declaraba la necesidad de reformar la Constitución fueguina. De esta manera, la Cámara desestimó el veto dispuesto por el gobernador Gustavo Melella y clausuró, en el ámbito parlamentario, el proceso que promovía el oficialismo.
La votación se concretó pasadas las 23 horas durante una sesión ordinaria. El resultado arrojó 11 votos favorables a la insistencia legislativa, tres votos negativos y la ausencia del legislador Federico Sciurano. Con ese respaldo, quedó firme la derogación aprobada semanas atrás por el cuerpo legislativo.
Entre quienes impulsaron el rechazo al proyecto reformista se destacó nuevamente el legislador Jorge Lechman, referente de Somos Fueguinos, quien desde el inicio cuestionó la conveniencia de avanzar con una Convención Constituyente en medio de un escenario económico complejo. El parlamentario sostuvo en reiteradas oportunidades que los recursos provinciales debían orientarse a áreas como salud, educación, salarios, infraestructura y servicios públicos antes que a un proceso de modificación constitucional.
La controversia trascendió rápidamente el plano político y se trasladó a la Justicia. En agosto de 2024, Lechman promovió una acción declarativa de certeza e inconstitucionalidad ante el Superior Tribunal de Justicia contra la Ley 1529 y el decreto que convocaba a los convencionales constituyentes. Junto con esa presentación solicitó una medida cautelar destinada a impedir avances hasta contar con una resolución definitiva.
El planteo judicial se apoyó en la interpretación de que habían vencido los plazos previstos para convocar a las elecciones de convencionales. Según esa postura, una vez agotado el término establecido por la propia normativa, el procedimiento reformador ya no podía continuar.
La cuestión permaneció durante casi un año bajo análisis del máximo tribunal provincial. Finalmente, el 5 de agosto de 2025, el Superior Tribunal resolvió rechazar el planteo y avaló la continuidad del proceso al entender que la Ley 1529 reunía los requisitos constitucionales y que el Decreto 1656/24 había sido dictado dentro de los tiempos legales correspondientes.
Tras ese fallo, el legislador presentó un Recurso Extraordinario Federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Argumentó que la sentencia comprometía principios vinculados con la división de poderes y convalidaba un plazo que, a su entender, no estaba contemplado por la legislación vigente.
Más adelante, luego de que el Superior Tribunal declarara inadmisible esa vía recursiva, Lechman acudió mediante una queja ante la Corte Suprema, trámite que permanece pendiente de definición.
Paralelamente al recorrido judicial, el debate regresó a la Legislatura. Desde allí se impulsó la derogación de la Ley 1529 bajo el argumento de que, sin la norma que declaraba la necesidad de la reforma, el proceso constituyente quedaba sin respaldo legislativo.
La primera señal política se produjo durante la madrugada del 1 de mayo, cuando la Cámara aprobó la derogación por 11 votos contra 4. Posteriormente, el Poder Ejecutivo vetó la medida en un intento por preservar la continuidad de la reforma constitucional.
Sin embargo, la respuesta legislativa llegó este viernes con una nueva mayoría que ratificó la decisión inicial y dejó sin efecto el veto gubernamental. El resultado consolidó la postura que venía sosteniendo una parte significativa del arco político provincial.
La resolución también evitó la realización de un desembolso superior a los 8.000 millones de pesos destinados a la elección de convencionales constituyentes, la organización del esquema electoral y el funcionamiento de una eventual Convención Reformadora.
De esta manera, la estrategia desarrollada por Lechman tanto en los tribunales como en el recinto terminó encontrando respaldo mayoritario dentro de la Cámara. La provincia no avanzará con una reforma constitucional que había sido cuestionada por su costo económico, por las diferencias políticas que generó y por su distancia respecto de las demandas más inmediatas de amplios sectores de la sociedad fueguina.
