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El inicio de la demanda por el Puerto de Ushuaia tendrá un costo de USD 60.000

Ya se sabe cuánto va a costar el inicio de la demanda judicial que el Gobierno de Tierra del Fuego impulsa para frenar la intervención del Puerto de Ushuaia. De acuerdo con documentación administrativa oficial, la Provincia prevé gastar USD 60.000 en honorarios profesionales, lo que al valor actual del dólar oficial representa casi $87 millones.

USHUAIA.- El monto surge de una Solicitud de Cotización – Compra Directa N° 00002/2026, tramitada por la Dirección Provincial de Puertos, en la que se fija el costo de la contratación de servicios jurídicos extraordinarios para litigar contra la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN). El expediente no incluye una factura emitida ni acredita pagos realizados, pero sí establece el valor previsto para iniciar la acción judicial.

La documentación detalla que los honorarios fueron pactados en tres cuotas de USD 20.000, totalizando USD 60.000 por la representación legal. Tomando como referencia el dólar oficial vigente, que se ubica en $1.465, el costo en moneda local asciende a $87.900.000. Ese es el monto que la Provincia tiene previsto afrontar para poner en marcha la demanda.

La contratación abarca el análisis de las actuaciones administrativas, la presentación de recursos contra la resolución que dispuso la intervención del puerto y la preparación de una medida cautelar para suspender sus efectos, con posibilidad de extender la actuación a instancias superiores. El valor aparece consolidado en dólares y no discriminado por etapa dentro del expediente.

El dato se conoce en un contexto provincial complejo, con un nivel de pobreza cercano al 50%, dificultades en el funcionamiento de la obra social estatal, problemas persistentes en el sistema de salud pública, salarios que pierden poder adquisitivo y una situación crítica en áreas clave como educación y seguridad.

Aunque no se trata aún de un pago ejecutado, el expediente deja en claro que el Gobierno provincial ya definió cuánto va a gastar para iniciar la disputa judicial por el Puerto de Ushuaia. Un compromiso económico concreto que suma un nuevo elemento al debate sobre la intervención y sus consecuencias políticas, institucionales y presupuestarias.