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TOLHUIN.- Vecinos del barrio Ecopueblo presentaron una acción de amparo colectivo contra el Gobierno provincial con el propósito de frenar la aplicación de las medidas que redujeron el alcance del subsidio al gas licuado de petróleo (GLP). La presentación judicial cuestiona la validez del Decreto Provincial Nº 505/2026 y de la Resolución Nº 209/26 del Ministerio de Economía, instrumentos mediante los cuales se introdujeron modificaciones al sistema de asistencia energética.
De acuerdo con el planteo efectuado ante la Justicia, los cambios implementados por la Provincia derivaron en una disminución de la cantidad de kilos de gas subsidiado que reciben numerosos usuarios, situación que, según sostienen, afecta directamente a quienes dependen de ese combustible para cubrir necesidades básicas dentro del hogar.
La iniciativa fue impulsada por habitantes de Ecopueblo, un sector residencial de Tolhuin que suele ser identificado por sus características urbanísticas particulares y por concentrar familias de ingresos medios y medios-altos. Esa condición incorporó un nuevo elemento al debate público en torno a la distribución de los subsidios energéticos y los criterios utilizados para determinar quiénes acceden a esos beneficios.
Los demandantes argumentan que la reducción del aporte estatal repercute sobre aspectos esenciales de la vida cotidiana, ya que el gas envasado continúa siendo utilizado para calefacción, cocción de alimentos y otras necesidades domésticas. Además, remarcan que las bajas temperaturas propias de la región incrementan la dependencia de este recurso energético durante gran parte del año.
Según expresaron en la presentación, la medida aplicada por el Ejecutivo provincial constituye una decisión regresiva porque modifica condiciones que venían garantizando una determinada cobertura en la provisión subsidiada de GLP.
El recurso judicial fue promovido bajo la figura de amparo colectivo con el objetivo de representar no solamente a quienes iniciaron la demanda, sino también a otros vecinos del barrio que se encuentran alcanzados por la misma situación. Los impulsores sostienen que la reducción del beneficio afecta de manera uniforme a los residentes comprendidos dentro del esquema modificado.
Dentro de los fundamentos incorporados al expediente también aparece la referencia a la protección de consumidores considerados vulnerables. Sin embargo, el hecho de que la acción surja desde un barrio privado o de perfil socioeconómico medio-alto volvió a instalar la discusión acerca de cómo deben distribuirse los subsidios y cuáles son los parámetros adecuados para su asignación.
La presentación abrió un nuevo capítulo en el debate sobre las políticas energéticas provinciales y, particularmente, sobre el sistema de asistencia destinado a usuarios que no cuentan con acceso a la red de gas natural.
Más allá del reclamo puntual por la reducción de los kilos subsidiados, el planteo judicial pone sobre la mesa una discusión más amplia vinculada a la definición de los beneficiarios de estos programas en una provincia donde conviven realidades económicas y sociales muy diferentes.
