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USHUAIA.- La intervención del puerto de esta ciudad comenzó a sacar a la luz documentación que hasta ahora no había tenido difusión pública. Entre esos papeles aparece una carta documento de la Administración General de Puertos S.E. dirigida a la Dirección Provincial de Puertos de Tierra del Fuego, en la que se reclama el pago de una deuda con montos detallados.
El escrito, fechado el 7 de noviembre de 2023 en Buenos Aires, intima a cancelar en un plazo de quince días una suma de $16.541.923,27 en concepto de capital correspondiente a una factura vencida. A ese monto se le agregan intereses resarcitorios, IVA y punitorios por $2.526.874,84, lo que eleva el total reclamado a más de 19 millones de pesos.
En el mismo documento se advierte que, en caso de incumplimiento, se avanzará con acciones legales. Además, se indican los mecanismos de pago y la obligación de informar la cancelación a través de canales formales de la Administración General de Puertos.
En paralelo, vuelve a escena una declaración política que había generado repercusión. La actual vicegobernadora Mónica Urquiza había señalado, cuando era legisladora, que durante la gestión de Mauricio Macri se había “patinado” el dinero previsto para la ampliación del puerto.
A ese contexto se suma otro antecedente. En 2021 se habían destinado cerca de 200 millones de pesos para la construcción del muelle de catamaranes, una obra que finalmente no se llevó adelante y sobre la que no hay precisiones públicas respecto del destino de los fondos.
Ese proyecto había sido presentado como un impulso para el turismo, aunque con el tiempo quedó limitado a anuncios sin avances visibles.
A su vez, comienzan a mencionarse cifras mucho más altas. Distintas exposiciones hablan de más de 4.000 millones de pesos sin un detalle específico sobre su utilización dentro del sistema portuario.
Hasta el momento no hay resoluciones judiciales que determinen responsabilidades. Sin embargo, se consolida un escenario en el que conviven una deuda formal reclamada por Nación, obras que no se ejecutaron pese a contar con financiamiento y montos significativos sin trazabilidad clara.
Con la intervención en marcha, esa información que no había sido respondida ante pedidos de informes de la Legislatura empieza a ordenarse. En ese marco, se reaviva la discusión sobre la gestión de los recursos en el puerto de Ushuaia durante los últimos años.
