Uber, contra la ordenanza que regula el servicio

USHUAIA.- Un colectivo de trabajadores que operan mediante plataformas digitales oficializó este miércoles una advertencia administrativa dirigida al Concejo Deliberante de Ushuaia. El escrito tiene una finalidad precautoria y cuestiona la validez del paquete normativo recientemente aprobado para el transporte local. En la presentación, los damnificados señalan que las nuevas reglas de juego poseen vicios legales que obligarían a los conductores a iniciar demandas judiciales y pedidos de amparo para proteger su derecho al ejercicio laboral.

El documento ingresó formalmente por mesa de entradas y busca adelantarse a la aplicación operativa de la norma. Quienes suscriben el reclamo entienden que la regulación aprobada en el recinto legislativo funciona como un mecanismo de castigo encubierto que colisiona con principios fundamentales de la Constitución Nacional. Según los firmantes, el esquema actual atenta contra la autonomía personal y la igualdad ante la ley, afectando de manera directa el sustento económico de quienes utilizan aplicaciones para trabajar.

“Advertimos formalmente sobre los efectos lesivos, regresivos y potencialmente inconstitucionales del bloque normativo sancionado”, reza el texto que fue acompañado por una extensa lista de adhesiones y firmas. El conflicto se originó el 2 de enero pasado, cuando el cuerpo legislativo dio tratamiento y aprobación a la ordenanza que busca encuadrar servicios como los de Uber, Cabify y Didi en la capital fueguina. Aquella sesión extraordinaria quedó envuelta en una fuerte polémica procedimental debido a que el asunto se sumó al temario de forma imprevista.

La votación arrojó un resultado de ocho apoyos contra un rechazo y una abstención, reflejando una profunda fractura entre los bloques parlamentarios. Los concejales Valter Tavarone y Daiana Freiberger plantearon reparos legales por el modo en que se introdujo el proyecto y señalaron que la norma fue “aprobada de espaldas a la sociedad y sin debate real”. Ambos ediles coincidieron en que el proceso vulneró el reglamento interno del Concejo y no permitió una discusión genuina con los sectores involucrados.

En la vereda opuesta, la mayoría conformada por representantes del Movimiento Popular Fueguino, FORJA, el PJ y La Libertad Avanza argumentó que era imperioso establecer condiciones legales para una actividad que ya se ejerce de manera fáctica en las calles. El nuevo marco impone a las empresas la obligación de contar con representación local y domicilio en la provincia. A su vez, establece la creación del Registro Municipal Unificado de Conductoras y Conductores (ReMuCo) para la inscripción obligatoria de los prestadores.

Los choferes manifiestan en su descargo que el municipio comete el error de asimilar la intermediación tecnológica con el servicio de taxis o remises. Sostienen que esta comparación forzada deriva en penalidades desproporcionadas, tales como el secuestro de los rodados y multas de montos excesivos que no se corresponden con una labor autónoma. También critican que se les exijan seguros y verificaciones que las propias aplicaciones ya proveen de manera eficiente para garantizar la seguridad de cada viaje.

Por otro lado, la nota destaca una supuesta disparidad de criterios frente a otros servicios digitales que operan en la ciudad, como las aplicaciones de delivery. Los conductores se preguntan por qué su actividad enfrenta este nivel de presión fiscal y administrativa mientras que otros rubros similares funcionan bajo controles mucho más laxos. Esta diferencia de trato es uno de los ejes centrales de su reclamo por discriminación legal.

La petición final hacia los concejales es que se desista de iniciar operativos de fiscalización hasta que se realice una auditoría integral del régimen normativo. Los trabajadores exigen una mesa de diálogo que garantice su participación efectiva en la redacción de reglas razonables. El escrito concluye con una declaración de principios donde se asegura que la gestión se realiza de buena fe para evitar que la situación escale hacia un conflicto mayor que perjudique a la comunidad.