USHUAIA.- El cierre del ejercicio 2025 dejó un panorama complejo para la administración de las cuentas públicas en el territorio fueguino. Según los datos procesados por la consultora Politikón Chaco, la provincia registró un déficit financiero que representó el 16,4% de sus ingresos totales. Esta cifra ubica a la jurisdicción en el lote más comprometido del país, en un contexto donde la gran mayoría de las gobernaciones no logró sostener el equilibrio alcanzado el año anterior.
La situación local se enmarca en un fenómeno de deterioro generalizado de las arcas provinciales. Durante el último período, la combinación de ingresos que avanzaron por debajo de la inflación y un aumento en el gasto público revirtió el superávit consolidado que el conjunto de las provincias ostentaba en 2024. De hecho, el saldo global pasó de un excedente del 1,1% a un rojo del 2,9% respecto de los recursos totales.
Alejandro Pegoraro, titular de la consultora responsable del relevamiento, señaló que el desfasaje se explica principalmente por la expansión del gasto salarial tras el fuerte ajuste del ciclo previo y un leve repunte en la inversión de capital. “El gasto creció en torno al 9% y los ingresos al 3%, ese fue el factor que alteró los resultados fiscales”, detalló el especialista al analizar la tendencia que afectó a casi todo el territorio nacional.
A este esquema de mayores costos se sumó la pérdida de oxígeno por parte de la Nación. La recaudación de impuestos coparticipables como IVA y Ganancias sufrió un retroceso real que ya lleva ocho meses consecutivos. En el primer trimestre de este año, los envíos automáticos desde la Casa Rosada hacia el interior del país cayeron un 6,4% en términos reales, lo que acentuó la presión sobre gobernaciones con cuentas ya debilitadas.
En la comparación regional, el déficit de Tierra del Fuego superó los niveles registrados en Santa Cruz, Chubut y Chaco. Frente a este escenario de fragilidad, el Ministerio de Economía de la Nación incluyó a la provincia en un programa de asistencia financiera. Se trata de una línea de adelantos de fondos que se otorga a una tasa fija anual del 15% para cubrir gastos urgentes, con un esquema de devolución mediante retenciones directas sobre la coparticipación.
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