Sueño Fueguino: Peligran otros 130 puestos laborales

RIO GRANDE.- El conflicto en Tierra del Fuego pasó a una instancia crítica tras el reciente comunicado de Sueño Fueguino S.A. que ratificó la ola de despidos y puso un número concreto a la amenaza laboral. Días atrás, la textil había confirmado el cese de tareas de 30 trabajadores temporarios y 5 fijos. Ahora, la empresa emitió un statement en el que califica la medida como una “decisión extremadamente difícil” adoptada como “última instancia”, asegurando que la acción se debe a la imposibilidad de exportar la producción ya terminada, lo que frena la operatoria de la planta y afecta sensiblemente su cadena de valor.

Según el comunicado de la firma, el meollo de la afectación económica es la “vulneración de derechos adquiridos bajo la Ley 19.640”, el estatuto que da sustento al desarrollo industrial de la provincia. La textil apunta directamente contra el decreto 594/2023 y otras disposiciones derivadas, al considerar que buscan modificar de manera ilegal y sin el sustento de jerarquía adecuado la normativa fundacional del subrégimen.

De no revertirse este escenario “carente de sustento legal”, la empresa adelantó que se verá forzada a achicar su producción industrial. De suceder, esta reducción acarrearía la pérdida potencial de “más de 130 puestos de trabajo adicionales y una trayectoria de más de 40 años de producción ininterrumpida” en la provincia. Este dato enciende todas las alarmas en el ámbito laboral de Río Grande, máxime si se tiene en cuenta que más de 25 camiones con la mercadería lista para salir permanecen varados por orden de la Secretaría de Industria y la Aduana.

La compañía enfatiza que su único deseo es que se “respeten sus derechos adquiridos” para seguir generando empleo y contribuyendo al desarrollo productivo del país, dejando en claro que no desea, bajo ningún aspecto, alcanzar la instancia de nuevas desvinculaciones.

La denuncia de “persecución” oficial

Antes de la difusión del statement, el abogado de la empresa, Raúl Paderne, había salido a denunciar un “ataque frontal contra la ley 19.640” y una “persecución directa” por parte del Gobierno nacional. El letrado acusó al subsecretario de Gestión Productiva de la Nación, Javier Cardini, de actuar “de forma intempestiva e ilegal” al presionar a la Aduana “para que no podamos exportar”.

Paderne especificó que la empresa opera con una medida cautelar que no está firme, pero el funcionario “actúa como si lo estuviera”, forzando la crisis. Además, el representante legal advirtió que otras compañías, como Cordonsed, enfrentan el mismo drama, sugiriendo que “la función de este funcionario es que cierren las textiles”. El abogado cargó fuerte contra las autoridades, señalando que con estas decisiones se está “disponiendo de la vida de los trabajadores” sin considerar el impacto humano que tienen.