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l Gobierno extendió el plazo de laemergencia del servicio eléctrico bajo jurisdicción federal hasta el 31 de diciembre de 2027. De esta manera, se iguala a la fecha que ya regía para el vencimiento de la emergencia en materia de transporte y de distribución de gas natural.
La medida fue establecida mediante el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 585/2026 que fue publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei y todos sus ministros, alcanzando así a los segmentos de generación, transporte y distribución de energía eléctrica, así como también al régimen excepcional que se declaró a fines de 2023.
La prórroga resulta necesaria porque “persisten aún las circunstancias que motivaron la emergencia” y porque el proceso de normalización del mercado eléctrico todavía no terminó, según el Ejecutivo. El decreto 55/2023 dispuso esta medida y se prorrogó por los decretos 1023/2024 y 370/2025.
Emergencia eléctrica: por qué se unificaron los plazos del gas y la luz
El Ejecutivo argumentó que existe una “interdependencia operativa y económica entre los sistemas de energía eléctrica y gas natural” y que el gas resulta ser un insumo crítico para la generación térmica de electricidad, para sostener la unificación de los plazos de emergencia.
Por eso mismo, evaluó la necesidad de “equiparar los plazos de vigencia de ambas declaraciones de emergencia” para “preservar la seguridad de abastecimiento y el funcionamiento integrado del sistema energético nacional”.
Previamente, a fines de enero, había sido extendida la emergencia correspondiente al transporte y a la distribución de gas natural hasta el 31 de diciembre de 2027 mediante el decreto 49/2026.
De esta forma, ambos sectores se encontrarán sujetos al régimen excepcional durante el mismo período y permitirá así coordinar las decisiones operativas, regulatorias y tarifarias, según fuentes del Ejecutivo.
¿Qué implica la declaración de la emergencia eléctrica?
El decreto afirma que “la mejora parcial de determinadas variables sectoriales no permite considerar superadas las causas que dieron origen a la emergencia”.
El Gobierno se apoyó en el dato de que durante febrero del 2025 el sistema eléctrico registró una demanda máxima de 30.257 megavatios, mientras que el margen disponible fue de tan solo 4,4%. De esta forma, el nivel de reserva no permite una respuesta adecuada ante posibles fallas o contingencias.
Asimismo, indicó que el parque de generación evidencia un “alto grado de envejecimiento”, que las principales estaciones transformadoras operan con índices de utilización superiores al 90% y que más del 60% de las interrupciones en la red de distribución se registran en alimentadores con más de 25 años de servicio.
De esta forma, la norma referencia el proceso de normalización financiera del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) ya que la tasa de cobrabilidad de Cammesa pasó de alrededor de un 48% correspondiente a diciembre del 2023 a niveles próximos al 97%.
Pero el Estado remarcó que la recuperación debe ser consolidada y que una reversión en el esquema de pagos podría comprometer las transferencias a generadores y transportistas, deteriorar la confianza de los inversores y recrear desequilibrios financieros.
Por otra parte, argumentaron la reducción gradual de subsidios ya que, en mayo del 2026, el precio aplicado a hogares subsidiados fue del 24% del precio de referencia de la energía. Aquella diferencia se contempla en “la subsistencia de una brecha económica relevante que debe ser atendida de forma gradual, previsible y focalizada”.
Habrá una reducción gradual, previsible y focalizada en subsidios de luz y gas.
El Gobierno argumentó que la extensión de la emergencia eléctrica va a permitir facilitar la transición hacia el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados y avanzar así en la reducción progresiva de los aportes extraordinarios del Tesoro.
De esta forma, no prorrogar el régimen podría generar “discontinuidades regulatorias”, menos previsibilidad para los agentes, demoras en medidas operativas y mayores dificultades para las inversiones.
Con esta decisión, el Ejecutivo tendrá la posibilidad de adoptar medidas tarifarias, contractuales, regulatorias y de infraestructura para sostener el sistema eléctrico hasta fines de 2027.
Fuente: canal26.com
