Roberto Murcia pidió más tiempo y se agrava el conflicto con Nación

USHUAIA.- La tirante pulseada que se desarrolla entre la Dirección Provincial de Puertos (DPP) y los organismos de control de la Nación sube la temperatura ante la Auditoría Nacional intimó al ente portuario a rendir cuentas a raíz de un lapidario informe presentado el pasado 30 de septiembre, el cual expuso serias falencias tanto técnicas como presupuestarias.

Aunque el presidente del Puerto, Roberto Murcia, se había comprometido públicamente a tener el descargo listo en un lapso de solo cinco días hábiles, dicho plazo ha caducado sin que la respuesta oficial fuera entregada. Ante esta falta de definición, la Dirección Provincial solicitó una prórroga de diez días más, lo que, en el ámbito local, echa más leña al fuego de las dudas que giran en torno a la gestión.

La evaluación realizada por la Auditoría pintó un panorama más que delicado en lo referente a la principal terminal de Tierra del Fuego. En ese sentido, se han detectado graves deterioros en su infraestructura operativa, que incluyen pilotes partidos, defensas con erosión en sectores clave del muelle, accesos a la terminal dañados de forma ostensible y sistemas de seguridad que se encuentran fuera de servicio. Adicionalmente, el informe hizo hincapié en la mala ubicación de los contenedores que almacenan materiales catalogados como peligrosos.

Pero la crisis observada no se limita solo a la chapa y el cemento. El informe pone el foco también en la gestión administrativa y contable de la entidad: se exponen diferencias millonarias que carecen de justificación formal, trámites financieros que no poseen el respaldo documental exigido por la normativa vigente y convenios económicos cuyo destino final no se ha logrado esclarecer.

El colmo de la informalidad radica en la utilización de simples planillas de cálculo (Excel) como sistema contable, mientras se advierte que más del 50% del presupuesto total del puerto se destina al pago de salarios, una erogación que va en detrimento del mantenimiento y la inversión en la infraestructura.

Cuando se hizo público el informe, el titular de la DPP, Roberto Murcia, brindó declaraciones a los medios y fue categórico al negar cualquier hipótesis de una eventual intervención.

En aquella oportunidad, incluso, deslizó la posibilidad de que la crítica auditoría fuese producto de una “presión desde Nación”. Sin embargo, optó por un silencio total al cumplirse la fecha límite original que tenía el organismo a su cargo para presentar el descargo oficial a las autoridades nacionales.

Ahora, con la intimación vencida y los ojos de la política y la economía puestos en la gestión, la Dirección Provincial de Puertos pide estirar los tiempos diez días más. Esta solicitud sorprende, dado que el propio Murcia había afirmado a principios de mes que la respuesta a la Auditoría “ya estaba casi lista”. Esta contradicción, que se suma a la cadena de inconsistencias detectadas, lejos de clarificar la situación, genera aún más interrogantes entre los actores políticos y económicos de la provincia.

Mientras la Auditoría Nacional mantiene el expediente abierto y en constante movimiento, las respuestas concretas y justificadas se hacen esperar. Fuentes con acceso al caso aseguran, en off the record, que si la documentación que justifique los desvíos y las falencias señaladas no aparece a la brevedad, la intervención del ente dejará de ser una simple especulación para transformarse en un escenario de inminente ejecución.