USHUAIA.- Natalia Gracianía cuestionó el prolongado conflicto que mantiene paralizada la actividad en buena parte del sistema educativo provincial y advirtió que, después de más de un mes de medidas de fuerza, la disputa entre el Gobierno y el SUTEF alcanzó un escenario que afecta directamente a los alumnos y sus familias.
La legisladora de La Libertad Avanza puso el foco en el rol que ocupa Horacio Catena, secretario general del gremio docente, y cuestionó que sus decisiones tengan, según su interpretación, una incidencia determinante sobre la continuidad de las clases.
“Ya tenemos más de un mes prácticamente de paro y no sabemos cómo va a terminar esta situación. Se ha llegado a un punto donde la verdad es que no sabemos cómo van a resolver esta situación las partes involucradas, que es el Gobierno de la provincia a través del Ministerio de Educación y el gremio docente SUTEF, que es el único que interviene hoy en paritarias”, sostuvo.
En ese contexto, Gracianía consideró que el conflicto llegó a “un punto de no retorno” y advirtió por las consecuencias que genera sobre las trayectorias escolares.
“La situación llega a un punto de no retorno, entonces la verdad es que el impacto que esto está teniendo en los estudiantes es fuertísimo”, afirmó. En esa línea, planteó que debe garantizarse un piso de actividad educativa aun cuando continúen las medidas de fuerza.
La legisladora apuntó particularmente contra Catena al cuestionar que, en los hechos, su posición termine condicionando la apertura de las escuelas.
“No podemos naturalizar esta situación donde el que decide cuándo hay clases y cuándo no es Horacio Catena”, afirmó.
Críticas al Gobierno provincial
El cuestionamiento de Gracianía no se limitó al sindicato. También responsabilizó al Ejecutivo provincial por la manera en que viene administrando el conflicto y sostuvo que existen herramientas legales para garantizar un mínimo de prestación educativa.
“Tienen además en las leyes la posibilidad también de exigir el cumplimiento de un mínimo de prestaciones y tampoco lo aplican. Entonces acá hay una decisión de dejar que el conflicto escale”, sostuvo.
Para la legisladora, la situación deja en segundo plano a quienes deberían ocupar el centro de la discusión: los estudiantes y sus familias.
“Total, a los estudiantes no los representa nadie, a las familias, parece que en realidad la educación, que es un derecho fundamental que está respaldado por nuestra Constitución provincial, el Gobierno de la provincia no piensa cumplirlo”, cuestionó.
Una responsabilidad compartida
Gracianía planteó así una responsabilidad compartida entre el Gobierno y el gremio docente por la prolongación de la disputa y sostuvo que ambos actores llevaron la situación hasta el actual nivel de tensión.
Su crítica más dura estuvo dirigida nuevamente hacia la figura de Catena, al considerar que el peso de sus decisiones dentro del conflicto excede el ámbito estrictamente sindical.
“No puede ser que finalmente sea Horacio Catena el que diga cuándo los estudiantes de Tierra del Fuego van a tener clases o cuándo no”, afirmó.
Y, con tono irónico, formuló su propuesta al Ejecutivo: “Que el Gobierno lo cambie a López Silva por Horacio Catena y ya institucionalizamos que el ministro de Educación es Horacio Catena”.
Finalmente, la legisladora responsabilizó a ambas partes por el escenario educativo actual: “Ambas partes han llevado este conflicto al punto que lo llevaron, y son los responsables de la debacle que tenemos educativa en Tierra del Fuego”, sentenció.
Rio Grande: -1°
0° / 0° - Muy nuboso


