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USHUAIA.- El Boletín Oficial fueguino dio curso legal a la normativa que faculta a YPF a desprenderse de la totalidad de sus activos y obligaciones en las cuencas Lago Fuego, Los Chorrillos y Tierra del Fuego.
De esta manera, la firma estatal Terra Ignis toma las riendas de estas concesiones que abarcan las fracciones A, B, C, D y E del mapa hidrocarburífero local. El marco normativo contempla además que la sociedad anónima de control provincial mantenga la operatividad de estos yacimientos por un período adicional de diez años.
La ratificación parlamentaria de este convenio, que había sido firmado a mediados de noviembre entre el Ejecutivo y la empresa provincial, contó con un amplio acompañamiento en la Cámara.
El arco político representado por los bloques de Forja, el PJ, La Libertad Avanza, el Partido Verde, Somos Fueguinos y Sol de Mayo, entre otros, dio luz verde a un cronograma de inversiones proyectado para el lapso 2026-2037. No obstante, la iniciativa no fue unánime, ya que encontró resistencia en las bancas de los legisladores Löffler, Villegas y Lechman.
En cuanto a los números que regirán la actividad, se estableció que la provincia percibirá un 12 por ciento en concepto de regalías sobre la producción obtenida. Este porcentaje queda fijado como el único tributo directo sobre el fluido extraído, descartando la aplicación de cánones extraordinarios, aunque el texto deja abierta la puerta a posibles readecuaciones en el futuro si las condiciones del mercado lo demandan.
Para incentivar el arranque de las operaciones bajo la nueva gestión, se incluyó un paquete de alivios impositivos que tendrá una vigencia de treinta y seis meses. Durante este trienio inicial, la operadora provincial no deberá afrontar el pago de Ingresos Brutos ni tasas relacionadas con la gestión ambiental o certificaciones de exportación. Estos beneficios se suman a las exenciones que ya se encontraban vigentes por el marco legal previo de la actividad.
Por otra parte, el escenario legislativo dejó abierta una fuerte puja por el destino de los fondos generados por el sector. El Parlamento también sancionó una reforma para que las municipalidades pasen a percibir el 28 por ciento de la renta hidrocarburífera, lo que implica una suba de ocho puntos en el reparto actual de la coparticipación.
Mientras los intendentes aguardan esta mejora en sus ingresos, la última palabra la tiene el Gobernador, quien debe decidir si acompaña el reclamo de las ciudades o utiliza su facultad de veto para frenar la redistribución de las regalías.
