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TIERRA DEL FUEGO.- El sostenido aumento de la cantidad de personas privadas de la libertad genera preocupación dentro del sistema penitenciario fueguino. El director del Servicio Penitenciario provincial, Ariel Ciares, señaló que la población carcelaria crece alrededor de un 20% anual y que la falta de espacios obliga a buscar permanentemente nuevas alternativas de alojamiento.
Actualmente hay 366 personas alojadas en las unidades penitenciarias de la provincia, de las cuales 355 son hombres y 11 mujeres. A ese número se suman otras 25 personas que permanecen bajo monitoreo electrónico.
Ciares explicó que el problema no se limita a la disponibilidad de celdas, ya que el aumento de internos también condiciona la atención médica y psicológica, las actividades dentro de las unidades y las herramientas destinadas a la reinserción social.
El funcionario sostuvo que la sobrepoblación tiene además una incidencia directa sobre la seguridad penitenciaria. La falta de lugares adecuados dificulta la aplicación de las normas de ejecución penal y reduce las posibilidades de desarrollar correctamente las distintas actividades previstas para las personas alojadas.
La situación también está condicionada por la obligación de recibir a quienes son enviados por disposición judicial. El Servicio Penitenciario no puede rechazar nuevos ingresos ante la falta de capacidad, debido a que se trata del cumplimiento de órdenes emanadas de la Justicia.
Frente a este escenario, el Gobierno mantiene bajo análisis la construcción de una nueva unidad penitenciaria. Según Ciares, el proyecto se encuentra en trámite a través del Ministerio de Obras Públicas y existen distintas alternativas para su localización.
Entre las opciones mencionadas figura un sector próximo al Parque Industrial de Ushuaia y otro terreno ubicado junto a la actual unidad penal, donde podría desarrollarse una estructura complementaria conocida como “cárcel espejo”.
El funcionario admitió que los proyectos de este tipo suelen generar resistencia entre los vecinos de los sectores donde se analiza su instalación, aunque consideró necesario ampliar la capacidad del sistema ante el crecimiento sostenido de la población.
Otro de los datos aportados por Ciares se relaciona con los delitos por los cuales se encuentran detenidas las personas alojadas en las unidades provinciales. Según indicó, aproximadamente el 60% de la población penitenciaria está vinculada con causas relacionadas con delitos contra la integridad sexual, contemplados en el artículo 119 del Código Penal.
El director del Servicio Penitenciario también planteó la necesidad de avanzar hacia una ley provincial de ejecución penal. Actualmente, Tierra del Fuego aplica la Ley nacional 24.660, aunque Ciares consideró que esa normativa fue diseñada para sistemas con características y recursos diferentes a los existentes en la provincia.
En ese sentido, señaló que se trabaja además sobre un proyecto relacionado con la Ley provincial 1313, que, según explicó, genera dificultades para el acceso a determinados beneficios por parte de las personas privadas de la libertad.
Ciares defendió la aplicación progresiva de beneficios para quienes cumplen con las condiciones establecidas, especialmente aquellos que permitan sostener el vínculo familiar durante el cumplimiento de las penas.
El Servicio Penitenciario cuenta actualmente con alrededor de 480 integrantes. Para su director, el incremento de la población carcelaria plantea la necesidad de una respuesta que contemple tanto la ampliación de la infraestructura como las condiciones de seguridad, atención y reinserción.
Con un crecimiento estimado del 20% anual y una capacidad que ya se encuentra exigida, la evolución de la población penitenciaria mantiene bajo presión al sistema fueguino y vuelve a poner en discusión la necesidad de ampliar su infraestructura.
