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Petroleras buscan ampliar la explotación de crudo en Malvinas pese al rechazo argentino

Rockhopper y Navitas avanzan con nuevos planes para incrementar la producción en el yacimiento Sea Lion. El proyecto contempla decenas de pozos y una operación de largo plazo en aguas cuya explotación es considerada ilegal por la Argentina.

USHUAIA.- Las compañías petroleras Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum profundizan sus planes de desarrollo hidrocarburífero en el área de Malvinas Norte, una iniciativa que vuelve a generar controversia debido al reclamo de soberanía que mantiene la Argentina sobre las Islas Malvinas y al rechazo oficial a las actividades impulsadas por ambas firmas.

El avance está vinculado al proyecto Sea Lion, ubicado a unos 220 kilómetros al norte del archipiélago, donde las empresas proyectan una explotación de gran escala basada en la perforación de 23 pozos y una producción superior a los 300 millones de barriles de petróleo durante los próximos treinta años.

Según la actualización difundida por Rockhopper, las dos primeras etapas del emprendimiento utilizarán el buque de producción, almacenamiento y descarga Aoka Mizu, con capacidad para procesar hasta 55 mil barriles diarios. De ese volumen, alrededor de 19.250 barriles corresponderían a la participación de Rockhopper, que posee el 35% del proyecto, mientras que Navitas controla el 65% restante y ejerce la operación general.

No obstante, los planes de expansión van más allá. La operadora confirmó la firma de un memorándum de entendimiento para incorporar una segunda unidad flotante de producción que permitiría sumar otros 125 mil barriles diarios. En caso de concretarse, Rockhopper recibiría cerca de 43.750 barriles por día adicionales dentro de su participación.

La iniciativa avanza mientras el Gobierno argentino mantiene su postura de rechazo a toda actividad hidrocarburífera desarrollada sin autorización nacional en la zona en disputa. Desde Cancillería sostienen que las licencias otorgadas por la administración británica carecen de legitimidad y recuerdan que ambas compañías fueron sancionadas por el Estado argentino.

Un proyecto en marcha

Las empresas informaron que ya comenzaron las primeras tareas de infraestructura vinculadas al desarrollo del yacimiento. Los trabajos iniciales se concentran en la adecuación de instalaciones portuarias y bases de apoyo terrestre, mientras que durante el resto de 2026 se prevé avanzar con nuevas obras destinadas a alojar personal y sostener la futura campaña de perforación.

De acuerdo con el cronograma difundido por las compañías, la perforación y completamiento de pozos comenzaría durante 2027, mientras que la primera extracción comercial de petróleo está prevista para el primer semestre de 2028.

En paralelo, la adaptación del buque Aoka Mizu sufrió modificaciones derivadas del contexto internacional. Navitas resolvió trasladar las tareas de reacondicionamiento desde Medio Oriente hacia Asia debido a cuestiones de seguridad relacionadas con el conflicto en la región, una decisión que incrementó el presupuesto del proyecto en aproximadamente 45 millones de dólares.

La posición argentina

La administración nacional ratificó en diciembre de 2025 su rechazo a la denominada Decisión Final de Inversión anunciada por las compañías para Sea Lion. El Gobierno argentino sostiene que se trata de actividades desarrolladas en un área sometida a una disputa de soberanía reconocida internacionalmente y sin autorización de la autoridad competente argentina.

En ese marco, recordó que Rockhopper fue declarada responsable de actividades ilegales mediante resoluciones de la Secretaría de Energía y posteriormente inhabilitada para operar en el país durante veinte años. Situación similar alcanzó a Navitas Petroleum, según señalaron las autoridades nacionales.

Mientras las petroleras destacan avances operativos, inversiones y futuras ampliaciones de producción, la Argentina insiste en que el proyecto involucra recursos naturales ubicados en una zona bajo controversia territorial y advierte sobre las implicancias económicas y políticas que tendría la consolidación de una explotación petrolera de gran escala en el Atlántico Sur.

El desarrollo también cuenta con respaldo de la administración británica en las islas, que ya aprobó distintos mecanismos vinculados a cuestiones fiscales, garantías para inversores y utilización de tierras necesarias para la ejecución del emprendimiento. Para el Reino Unido y las autoridades isleñas, Sea Lion representa una oportunidad de crecimiento económico; para la Argentina, en cambio, constituye un nuevo capítulo dentro de la disputa por la soberanía de las Islas Malvinas