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RIO GRANDE.- El sistema de resguardo que garantizaba un piso de previsibilidad para el empleo en Tierra del Fuego dejó de tener efecto el pasado miércoles 31 de diciembre. Al iniciarse este periodo anual, la Unión Obrera Metalúrgica y la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica no lograron sellar una renovación del compromiso alcanzado en mayo, situación que coloca en una vulnerabilidad extrema a unos 1.000 trabajadores contratados bajo la modalidad de plazo fijo.
Este vencimiento trasciende lo administrativo y se lee como la pérdida de un escudo frente al proceso recesivo y las políticas de desregulación comercial que impulsa el Ejecutivo nacional. Aquel pacto original buscaba contener los despidos masivos ante el desplome del consumo, pero desde el ámbito sindical confirmaron que los vínculos laborales temporarios caducaron con el cierre del calendario 2025 al no existir un documento de prórroga.
La coyuntura suma un elemento de presión adicional con la entrada en vigencia, este enero, de la desgravación impositiva total para el ingreso de teléfonos móviles extranjeros. Esta medida fuerza a los establecimientos locales a disputar el mercado interno contra terminales importadas sin el auxilio que históricamente representó la Ley 19.640 para la industria isleña.
Desde la conducción de la UOM Río Grande manifestaron que la falta de definiciones sobre el futuro inmediato impidió concretar la continuidad de esas vacantes. Pese a que se mantuvieron gestiones de mediación con las terminales y con el gobierno de Gustavo Melella, hasta el momento no se han presentado alternativas sólidas que impidan el cese de los contratos mencionados.
Por su parte, los representantes de AFARTE sostuvieron que la discusión por la competitividad debería centrarse en la reducción de los costos estructurales del país en lugar de impactar sobre la producción en territorio. No obstante, la realidad actual exhibe que el ajuste del sector terminó descargándose sobre el personal contratado, que conforma el eslabón más desprotegido del esquema laboral.
El impacto de este conflicto podría derramar sobre el resto de la economía regional debido a que el rubro electrónico representa más del 30 por ciento del Producto Bruto Interno de la provincia. Con unas 18.000 familias que dependen de forma directa o indirecta del movimiento de las fábricas, y una vinculación estrecha con la cadena automotriz nacional, la baja de estos primeros 1.000 operarios se interpreta como el comienzo de una reconfiguración profunda del modelo industrial de la isla.
