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Padres de la Escuela 31 denunciaron peligro de derrumbe y exigen reparaciones urgentes

La comunidad educativa de la capital fueguina se manifestó tras conocerse un informe ministerial que reconoce fallas estructurales graves en la Escuela 31. A pesar de las clausuras preventivas por riesgo de desprendimientos, el Gobierno ordenó mantener el dictado de clases en el establecimiento.

USHUAIA.- Las familias y alumnos de la Escuela 31 de esta ciudad realizaron una movilización para visibilizar el estado de deterioro que afecta al edificio escolar. Durante un encuentro con los directivos del establecimiento, se confirmó la existencia de un relevamiento oficial del Ministerio de Educación que admite deficiencias críticas en la construcción, motivo por el cual se dispuso la clausura de diversos sectores del inmueble.

El registro visual obtenido por los padres muestra un escenario de extrema precariedad con grietas profundas en paredes, cielorrasos desplomados y cables de electricidad a la vista. También se detectaron filtraciones constantes que mantienen los pisos inundados y, lo más preocupante, un marcado desgaste en las bases de las columnas de soporte que presentan pérdida de material y corrosión.

A pesar de que el informe técnico del Ministerio reconoce el peligro real de desprendimientos en las áreas afectadas, la instrucción oficial hacia la escuela fue continuar con las actividades escolares de manera normal. Esta decisión administrativa generó un fuerte rechazo entre los tutores, quienes consideran que no se puede garantizar la integridad física de los menores bajo esas condiciones.

La crisis en la infraestructura se complementa con una situación sanitaria deficiente que afecta el funcionamiento diario. Según se expuso en la reunión, tanto los docentes como el personal auxiliar deben compartir un único baño habilitado para toda la institución, lo que resulta insuficiente para cubrir las necesidades básicas de una comunidad educativa de tal magnitud.

Frente a este panorama, los padres adoptaron una postura firme bajo la premisa de que “la seguridad de nuestros hijos no es negociable”. El colectivo comenzó a evaluar la suspensión de la asistencia a las aulas como medida de fuerza, exigiendo que las autoridades provinciales ejecuten obras de fondo de manera inmediata para revertir el abandono edilicio.

El reclamo de los vecinos busca que el Estado asuma la responsabilidad de brindar un espacio de aprendizaje seguro y digno. Las familias manifestaron que la continuidad pedagógica no puede estar por encima de la vida de los alumnos y esperan una respuesta técnica que solucione las fallas estructurales de manera definitiva.