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USHUAIA.- Una comitiva del Movimiento de Trabajadores y Jubilados Fueguinos ingresó formalmente al Parlamento un articulado denominado “Ley de Goteo Diario”. Mediante este instrumento, se busca consolidar un esquema de depósitos diarios y automatizados de los recursos que sostienen tanto a la Obra Social de Empleados Fueguinos (OSEF) como a la Caja de Previsión Social (CAPS).
El eje central de la medida apunta a que los fondos provenientes de las contribuciones que deben liquidar el Ejecutivo provincial, los estamentos municipales y los órganos autárquicos sean derivados sin intermediaciones. El proceso quedaría bajo la órbita técnica del Banco de la Provincia, que debería acreditar el dinero en las cuentas correspondientes sin depender de la voluntad administrativa de turno, eliminando así cualquier margen de discrecionalidad.
Los fundamentos que acompañan el escrito detallan que esta metodología otorgaría una verdadera autarquía financiera a los entes de la seguridad social. Según el diagnóstico de las agrupaciones promotoras, las instituciones hoy se ven perjudicadas por los desequilibrios de caja que provocan las deudas del sector público y el manejo irregular de las partidas presupuestarias.
La normativa proyectada dispone que sea el propio agente financiero provincial quien ejecute las transferencias cada jornada, con la fiscalización de la Contaduría General y las áreas de Finanzas de cada municipio. Además, el texto establece que la vigencia del nuevo sistema de goteo tendría que ser efectiva en un lapso no mayor a los treinta días posteriores a su aprobación oficial.
En cuanto a las responsabilidades legales, el proyecto califica como falta grave cualquier obstáculo o demora que los funcionarios responsables interpongan en la cadena de pagos. Esta medida de presión administrativa busca garantizar que el flujo de capital no se interrumpa bajo ningún concepto.
Finalmente, los autores de la iniciativa remarcaron que el cumplimiento efectivo de este esquema permitirá que la OSEF y la Caja previsional normalicen su relación con los prestadores externos. De este modo, se evitaría que los afiliados y los beneficiarios del sistema público sufran las consecuencias de la falta de liquidez que hoy afecta la cobertura médica y el pago de haberes.
