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USHUAIA.- El Gobierno provincial oficializó este viernes dos vetos totales que vuelven a tensar la relación entre el Poder Ejecutivo y la Legislatura provincial. A través de los decretos 0865/26 y 0866/26, el gobernador Gustavo Melella dejó sin efecto dos leyes sancionadas el pasado 30 de abril vinculadas al proceso de reforma constitucional y al esquema de distribución de fondos hacia los municipios.
Veto al rechazo de la Reforma Constitucional
El primero de los decretos apunta directamente contra la ley que derogaba la norma provincial 1529, instrumento que había declarado la necesidad de la reforma parcial de la Constitución fueguina. Desde el Ejecutivo sostuvieron que el procedimiento constituyente “ya se encuentra actualmente en curso y con efectos jurídicos plenamente operativos”, argumentando que la Legislatura no puede revertir el proceso una vez iniciada la convocatoria electoral.
En los fundamentos del veto, el Gobierno provincial advirtió que la derogación aprobada por el Parlamento afectaba “la seguridad jurídica” y vulneraba derechos políticos vinculados a la elección de convencionales constituyentes. Además, consideró que la iniciativa legislativa intentaba otorgarle efectos retroactivos a una nueva norma sobre actos administrativos ya dictados y vigentes.
La decisión ratifica la postura del oficialismo de sostener el cronograma de reforma constitucional pese al fuerte rechazo opositor y a la controversia judicial que rodea al proceso. El decreto recuerda incluso que el Poder Ejecutivo ya había convocado formalmente a elecciones de convencionales mediante el decreto 751/26.
Veto a la Ley de Goteo diario
El segundo veto se concentra sobre el proyecto denominado “Sistema de Transferencias de Liquidación Automática a los Municipios”, impulsado para garantizar mecanismos automáticos de envío de fondos desde la Provincia hacia las administraciones municipales.
Desde Casa de Gobierno cuestionaron duramente esa iniciativa y afirmaron que el régimen pretendía imponer un “automatismo rígido” que eliminaba margen de maniobra financiera al Ejecutivo provincial. Según el decreto, el sistema podía generar “riesgos ciertos de transferencias indebidas” y afectar recursos específicos del Estado provincial.
El texto firmado por Melella también objetó la incorporación de sanciones económicas personales contra funcionarios públicos en caso de incumplimientos, incluyendo posibles retenciones sobre salarios. Para el Ejecutivo, ese esquema “conculca abiertamente garantías fundamentales” previstas tanto en la Constitución Nacional como en la Constitución fueguina.
Otro de los argumentos utilizados por el Gobierno provincial fue la delicada situación económica derivada de la caída de recursos nacionales. El decreto sostiene que el contexto financiero obliga a “analizar prudencialmente” medidas que puedan comprometer el sostenimiento de servicios esenciales a cargo de la Provincia.
En ambos casos, el Ejecutivo aseguró contar con dictámenes técnicos, legales y contables que respaldan la decisión política de avanzar con los vetos totales. Tanto la Secretaría Legal de Gobierno como áreas del Ministerio de Economía y de la Jefatura de Gabinete intervinieron previamente en los expedientes.
Las medidas profundizan un escenario de fuerte confrontación institucional entre el oficialismo y sectores opositores dentro de la Legislatura. Mientras el Gobierno insiste en sostener la reforma constitucional y preservar el control sobre las finanzas provinciales, desde distintos espacios políticos cuestionan la concentración de decisiones y el endurecimiento de la estrategia del Ejecutivo frente a proyectos aprobados por mayoría parlamentaria.
