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RIO GRANDE.- La administración fueguina atraviesa su momento más delicado desde la provincialización del territorio. El Poder Ejecutivo provincial se vio obligado a gestionar un envío de fondos de carácter urgente para cubrir baches financieros que, hasta hace poco, eran solo proyecciones pesimistas y hoy representan una realidad ineludible que compromete el funcionamiento del Estado.
Lejos de presentarse como un programa de incentivo o fomento, el acta suscripta con la Nación funciona como un soporte de auxilio ante el desfinanciamiento. Esta decisión expone la fragilidad de la contabilidad pública de la isla y el agotamiento de las herramientas de manejo económico propias para sostener la estructura gubernamental.
Los fondos que llegarán de manera anticipada se utilizarán únicamente para saldar los costos operativos del corriente mes. El destino de este dinero no contempla la ejecución de infraestructura ni el fomento de sectores industriales, sino que se limita a garantizar la subsistencia mínima del aparato estatal frente a la falta de efectivo y una planificación que no alcanzó a cubrir las necesidades básicas.
El costo de este movimiento financiero impactará de lleno en los ingresos futuros de la provincia. Los adelantos generan cargos por intereses diarios bajo el esquema de la tasa TAMAR y el pago se ejecutará mediante descuentos directos sobre las remesas de la coparticipación federal. De esta manera, el distrito resigna parte de su recaudación venidera para saldar una urgencia del presente sin atacar los problemas de fondo.
Este escenario también implica una subordinación administrativa de la provincia respecto a la cartera económica nacional. La gestión local pierde facultades de decisión propia al quedar bajo el monitoreo directo de Buenos Aires, situación que desdibuja la independencia económica y obliga a la administración de Melella a operar con un margen de acción sumamente reducido.
La búsqueda de este auxilio monetario coincide con un clima de inestabilidad interna en el equipo de gobierno. Tras el alejamiento de funcionarios del área económica y movimientos de piezas en sectores de importancia, crecen las dudas sobre la salud financiera de la banca pública provincial, un tema que se maneja con hermetismo en las oficinas gubernamentales.
El panorama se completa con la falta de una ley de leyes sancionada, el retroceso en la extracción de recursos naturales y la falta de transparencia en las cuentas de las compañías del Estado. En este marco, la solicitud enviada por el gobernador se percibe más como una admisión de las dificultades de gestión que como un alivio definitivo para la crisis que atraviesa Tierra del Fuego.
