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USHUAIA.- La gestión de Gustavo Melella atraviesa horas de extrema debilidad institucional tras la salida en bloque de sus principales funcionarios del área financiera. El complejo escenario interno fue aprovechado por el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, para lanzar una fuerte ofensiva contra el manejo de las cuentas públicas en la isla.
A través de sus canales oficiales, el titular del Palacio de Hacienda nacional vinculó directamente la presión impositiva de las jurisdicciones alineadas con el kirchnerismo con los resultados negativos en su desempeño económico. Esta postura no solo contó con la validación del presidente Javier Milei mediante sus redes sociales, sino que también sumó el respaldo de otros integrantes del gabinete económico nacional.
En esa misma línea, el asesor Felipe Núñez calificó la administración de Melella como deficiente y contrastó el modelo provincial con los lineamientos que promueve el oficialismo nacional. Núñez cuestionó además la prohibición de la salmonicultura y el posicionamiento internacional del Gobernador, a quien instó a enfocarse en el desarrollo de los recursos naturales de la provincia.
La controversia escaló luego de que el Ejecutivo fueguino solicitara a las terminales del polo industrial un adelanto excepcional de tributos por un monto aproximado de 20 mil millones de pesos. Esta maniobra administrativa tuvo como objetivo prioritario garantizar los fondos para el aguinaldo de los 16 mil agentes públicos, lo que dejó en evidencia el delicado estado de las reservas provinciales ante el retroceso de la actividad fabril.
La gestión del anticipo fue encomendada por el propio mandatario a su cartera económica para actuar sobre la Tasa de Verificación de Procesos Productivos. Dicho gravamen se calcula mensualmente sobre el valor de la mercadería que sale del territorio provincial y representa un recurso esencial para el sostenimiento del presupuesto local que, en esta oportunidad, debió ejecutarse de manera adelantada para cumplir con haberes urgentes.
Desde la gobernación de la isla fundamentaron este movimiento administrativo en lo que consideran un abandono de responsabilidades por parte del Estado nacional. Según la versión de los funcionarios fueguinos, la provincia carece de Aportes del Tesoro Nacional desde hace dos años y padece el congelamiento de fondos para obras de vivienda, sumado a la negativa de Nación para autorizar la toma de nueva deuda.
Esta asfixia financiera desembocó finalmente en la renuncia masiva de la cúpula económica provincial, oficializada a través del Boletín Oficial. Las dimisiones de Francisco Reynaldo Devita en el Ministerio de Economía, Eduardo Almirón Denis en la Secretaría de Finanzas y María de los Ángeles Vázquez en la Dirección de Hacienda dejaron al distrito sin sus cuadros técnicos de referencia.
El desmembramiento del equipo económico confirma una situación de incertidumbre institucional en un territorio que hoy carece de una hoja de ruta fiscal definida. Con este panorama, el Gobernador no solo debe lidiar con la falta de liquidez inmediata, sino también con el desafío de reconstruir una estructura de mando que pueda normalizar el funcionamiento de la administración fueguina.
