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RIO GRANDE.- En un contexto marcado por el aumento de tarifas, la caída del poder adquisitivo y las dificultades económicas que atraviesan numerosos hogares fueguinos, el gobernador Gustavo Melella resolvió vetar la ley que pretendía impedir los cortes de luz, agua y gas a familias con deudas durante la temporada invernal.
La iniciativa había sido impulsada desde la Legislatura provincial como una respuesta a la situación social que atraviesa gran parte de la población, golpeada por el incremento sostenido de los costos de los servicios básicos y la pérdida de ingresos.
La decisión del Ejecutivo volvió a profundizar la tensión política en la provincia y se convirtió en un nuevo foco de conflicto entre el oficialismo y distintos sectores parlamentarios.
El veto se suma a otras medidas similares adoptadas recientemente por el Gobierno provincial, entre ellas el rechazo a la derogación de la reforma constitucional y otras iniciativas vinculadas con cuestiones administrativas y distribución de recursos.
En ese escenario, distintos actores políticos comenzaron a advertir sobre una utilización cada vez más frecuente de la herramienta del veto frente a proyectos aprobados en la Legislatura que no coinciden con la estrategia del oficialismo.
El malestar creció especialmente porque la norma rechazada estaba vinculada a una problemática sensible para la vida cotidiana de miles de familias fueguinas, particularmente en una provincia donde las bajas temperaturas convierten al gas, la electricidad y el agua en servicios indispensables.
Desde distintos sectores sociales y políticos cuestionaron que el Ejecutivo haya decidido frenar una medida de fuerte contenido social en un momento atravesado por dificultades económicas y reclamos vinculados al costo de vida.
Las críticas también se potenciaron en medio de los pedidos vecinales por subsidios, conexiones domiciliarias de gas y por los aumentos tarifarios que afectan principalmente a los sectores más vulnerables.
La relación entre el Gobierno provincial y la Legislatura atraviesa uno de los momentos más delicados desde el inicio de la gestión de Melella.
El conflicto político generado alrededor de la reforma constitucional ya había dejado expuestas fuertes diferencias entre el Ejecutivo y parte del arco parlamentario. Ahora, el veto a esta ley volvió a alimentar el enfrentamiento político y dejó abierto un nuevo capítulo de tensión institucional dentro de la provincia.
Mientras tanto, distintos sectores comenzaron a expresar preocupación por un escenario donde las disputas políticas empiezan a superponerse con las urgencias sociales derivadas de la crisis económica que atraviesa Tierra del Fuego.
