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RIO GRANDE.- La política fueguina volvió a quedar atravesada por una de sus contradicciones más evidentes. El gobernador Gustavo Melella, que años atrás, cuando era intendente de Río Grande, denunciaba como un atropello institucional el intento de la Provincia de avanzar sobre el Impuesto Inmobiliario, ahora busca exactamente lo mismo desde la Casa de Gobierno.
Esto se desprende desde la administración provincial que envió a la Legislatura un proyecto para que la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF) vuelva a percibir el tributo inmobiliario y otros impuestos en toda Tierra del Fuego, quitándole nuevamente a los municipios una de sus principales herramientas de financiamiento.
La iniciativa apareció apenas días después de que los intendentes lograran imponer el sistema de goteo diario de coparticipación, mecanismo que busca impedir que el Ejecutivo provincial retenga o demore fondos municipales. En el ámbito político, la avanzada de Melella ya es interpretada como una respuesta directa al revés legislativo que sufrió el oficialismo.
El proyecto establece que el impuesto recuperará “plena vigencia y exigibilidad” en todo el territorio provincial y que los fondos serán destinados a salud y educación pública. La administración quedará bajo control de AREF, que además podrá instrumentar moratorias y planes de pago.
Sin embargo, detrás del argumento sanitario y educativo, reaparece una vieja disputa por la caja política y financiera de la provincia.
La paradoja difícil de ocultar
En 2016, cuando Rosana Bertone impulsó la Ley 1075 para provincializar el Impuesto Inmobiliario, Gustavo Melella era intendente de Río Grande y se convirtió en uno de los principales opositores a esa medida.
En aquel momento acusó al gobierno provincial de avanzar contra la autonomía municipal y advirtió que se trataba de un intento de “desfinanciar totalmente a los municipios”. Incluso lanzó una frase que hoy vuelve con fuerza sobre el propio mandatario:
“Hoy será el inmobiliario, mañana será el automotor”.
No fue la única crítica. También sostuvo que la gestión provincial actuaba como “una topadora que arrasa con la gente” y denunció que la discusión judicial por los recursos municipales era una “cortina de humo” para ocultar otros problemas de la provincia.
Nueve años después, el escenario político cambió, pero el objetivo parece ser el mismo. La diferencia es que ahora Melella ocupa el lugar que antes cuestionaba con dureza.
La pelea por el Inmobiliario arrastra años de tensión institucional. Aunque históricamente fue un ingreso municipal, la gestión Bertone modificó el Código Fiscal y llevó el conflicto hasta la Corte Suprema, que finalmente reconoció la potestad provincial para cobrar el tributo. Pese a esa ventaja judicial, tanto Bertone primero como Melella después suspendieron la aplicación efectiva del esquema para evitar una guerra abierta con los intendentes.
Ahora, con las cuentas provinciales ajustadas y una creciente tensión política con los municipios, el Gobierno decidió cambiar de postura, según sus propios intereses.
En las ciudades observan el movimiento con preocupación. El Impuesto Inmobiliario representa una fuente clave para sostener servicios básicos, obras y funcionamiento municipal. Por eso, puertas adentro, varios sectores ya hablan de una maniobra de presión política disfrazada de necesidad fiscal.
El debate promete escalar en las próximas semanas dentro y fuera de la Legislatura. Y mientras el oficialismo intenta justificar la medida bajo el argumento de financiar hospitales y escuelas, vuelve a quedar expuesto un interrogante incómodo para el gobernador: qué cambió entre aquel Melella que denunciaba un atropello institucional y el actual mandatario que ahora busca avanzar sobre exactamente los mismos recursos que antes defendía para los municipios.
PROYECTO DE LEY
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR SANCIONA CON FUERZA DE LEY
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la suspensión de la aplicación del Título Primero – “Impuesto Inmobiliario” del Libro Segundo – Parte Especial de la Ley Provincial 1075 (Código Fiscal), establecida originalmente por la Ley Provincial 1492 y prorrogada por las Leyes Provinciales 1499 y 1574.
Artículo 2º.- Establécese que el Impuesto Inmobiliario, cuya aplicación se restablece por el artículo precedente, recupera plena vigencia y exigibilidad en todo el territorio de la Provincia a partir de la promulgación de la presente ley.
Artículo 3º.- Dispónese que la totalidad de los recursos recaudados en concepto de Impuesto Inmobiliario, de conformidad con lo establecido en el Código Fiscal vigente, tendrán una afectación específica integrando el fondo destinado al financiamiento de los servicios de educación y salud pública.
