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Lechman reclamó una salida al conflicto: salarios dignos para los docentes y los chicos en las aulas

Jorge Lechman, legislador provincial.

USHUAIA.- El legislador Jorge Lechman planteó que el conflicto educativo no puede quedar atrapado entre el reclamo salarial y la pérdida de días de clase. Reclamó una solución que permita a los docentes vivir de su trabajo dignamente y, al mismo tiempo, garantice que los chicos permanezcan en las aulas. También volvió a cuestionar las prioridades del Gobierno y sostuvo que educación, salud y seguridad deberían ocupar el primer lugar en la distribución de los recursos públicos.

Lechman se refirió al nuevo escenario de medidas de fuerza en Tierra del Fuego y buscó correr la discusión de una confrontación entre docentes y familias.

“Los chicos tienen que estar en las aulas, pero también los docentes tienen que comer, pagar sus obligaciones”, afirmó. Para el legislador, discutir únicamente si corresponde o no un paro deja afuera el problema central: el deterioro salarial que atraviesa buena parte de los trabajadores del Estado.

En ese marco, señaló que el conflicto docente forma parte de una situación más amplia y cuestionó que Tierra del Fuego lleve dos años consecutivos funcionando con presupuesto reconducido. Según sostuvo, sin una discusión seria del presupuesto resulta mucho más difícil establecer prioridades y encontrar respuestas duraderas a los reclamos salariales.

Lechman reclamó al Poder Ejecutivo que presente esa herramienta en los plazos correspondientes para que la Legislatura pueda debatir de dónde salen los recursos y, sobre todo, hacia dónde van.

Su planteo apunta a establecer un orden: primero educación, salud y seguridad. Aunque aclaró que no comparte todas las modalidades de protesta, sostuvo que esa diferencia no invalida el reclamo de los docentes ni puede llevar a ignorar la situación económica que atraviesan.

Para Lechman, la salida no debería obligar a elegir entre trabajadores con un salario digno y chicos con clases. El desafío, afirmó, es que el Estado pueda garantizar ambas cosas y devolver previsibilidad a un sistema educativo que vuelve a quedar atravesado por el conflicto.