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USHUAIA.- La Comisión Especial de la Legislatura que investiga las autorizaciones concedidas a LeoLabs Inc. y LeoLabs Argentina SRL resolvió avanzar con una nueva etapa de la investigación y acordó citar a declarar a funcionarios y exfuncionarios vinculados al proceso que permitió la instalación del radar en Tolhuin.
La decisión fue adoptada durante la reunión realizada este jueves en el salón de Comisiones, donde el presidente del cuerpo, Pablo Villegas (MPF), informó los avances de las medidas probatorias y el estado de la documentación solicitada a distintos organismos.
Villegas señaló que algunos organismos respondieron en tiempo y forma los requerimientos de la Comisión, mientras que otros no remitieron la información solicitada, situación que motivó la decisión de convocar a distintos actores para que aporten testimonios y documentación.
Entre los primeros citados figuran el intendente de Tolhuin, Daniel Harrington; el exsenador nacional Pablo Blanco; el exministro de Defensa Jorge Taiana; y el exjefe del Estado Mayor Conjunto, quien elaboró un informe público sobre la instalación del radar.
“La idea es avanzar en el marco probatorio para luego valorarlo y obtener conclusiones, para entender si hay responsabilidades políticas o no”, sostuvo Villegas.
El legislador también destacó la colaboración del Poder Judicial, que permitió acceder a documentación considerada relevante para la investigación tanto en el ámbito provincial como federal.
En contraste, cuestionó la falta de respuesta de algunos organismos públicos. En ese sentido mencionó a la Dirección Provincial de Energía (DPE), sobre la que expresó que aún no remitió la información requerida por la Comisión.
Del encuentro participaron las legisladoras y legisladores Natalia Gracianía (LLA), Matías Lapadula (Provincia Grande), Federico Sciurano (FORJA) y Juan Carlos Pino (PJ), además de representantes de organizaciones vinculadas a la causa Malvinas y del Centro de Excombatientes de Malvinas.
La Comisión Especial tiene como objetivo analizar las actuaciones administrativas que posibilitaron la instalación del radar de LeoLabs en Tolhuin, determinar eventuales responsabilidades políticas y técnicas de los funcionarios que intervinieron en el proceso y evaluar la vinculación de esas autorizaciones con organismos del Gobierno nacional.
