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USHUAIA.- Lejos de responder el contenido de la denuncia que sacudió a la Municipalidad de Ushuaia, el secretario de Gobierno, Sebastián Iriarte, eligió instalar otro eje de discusión. En las últimas horas desplegó una intensa actividad en medios de comunicación, redes sociales y gacetillas oficiales para sostener que todo responde a una operación política impulsada desde Río Grande.
Sin embargo, en ninguna de sus declaraciones respondió los planteos formulados por el ingeniero civil Miguel Ángel Hidalgo, quien denunció públicamente la existencia de un presunto mecanismo de pagos ilegales para agilizar expedientes, aprobar excepciones urbanísticas y favorecer determinados emprendimientos inmobiliarios.
La denuncia adquiere una dimensión particular porque no proviene de un dirigente opositor ni de un referente político de Río Grande, sino de un profesional de Ushuaia que además se desempeña como funcionario del Gobierno provincial y que decidió hacer públicas las irregularidades que, según afirmó, observa desde hace años.
Pese a ello, la estrategia del Ejecutivo municipal se concentró en atribuir intencionalidad política a la difusión de la información. Iriarte prefirió apuntar a funcionarios del Municipio de Río Grande y acusarlos de haber impulsado una campaña para desprestigiar la gestión de Walter Vuoto e incluso cuestionó el rol de algunos medios de comunicación por replicar las denuncias.
No obstante, sus declaraciones dejaron sin respuesta los aspectos centrales del caso. El funcionario no explicó si se iniciará una investigación administrativa, tampoco anunció auditorías internas ni aclaró si se verificaron los hechos denunciados por Hidalgo.
El eje del caso
Entre las afirmaciones realizadas por el ingeniero figuran presuntos pagos de miles de dólares para acelerar expedientes, obtener excepciones al Código de Planeamiento Urbano y destrabar trámites que, según aseguró, permanecen paralizados durante meses para otros profesionales.
En lugar de refutar esas acusaciones con información concreta, la respuesta oficial de la Municipalidad de Ushuaia se centró en denunciar una supuesta operación política y en cuestionar el origen de la difusión pública del caso.
Mientras tanto, la denuncia continúa instalada en la agenda pública y abre interrogantes que aún permanecen sin respuesta sobre el funcionamiento del área de Obras Privadas de la Municipalidad de Ushuaia. La discusión ya no pasa únicamente por quién difundió la denuncia, sino por establecer si las graves irregularidades denunciadas existieron o no.
