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RIO GRANDE.- El secretario de Gobierno del Municipio de esta ciudad, Gastón Díaz, se refirió al escenario político por el que atraviesa Tierra del Fuego luego del fallo judicial que frenó la convocatoria a elecciones constituyentes y del rechazo legislativo al veto impulsado por el gobernador Gustavo Melella en torno a la reforma constitucional.
En declaraciones a FM La Isla, el funcionario municipal consideró que la discusión vinculada a la reforma “está terminada” y sostuvo que la política debe reorientar su agenda hacia los problemas económicos y sociales que afectan a la población.
“Me parece que el primer consenso que tiene que buscar la política y fundamentalmente aquellos que ocupan lugares en el Estado es con la gente”, expresó Díaz.
El funcionario planteó que no existe hoy una demanda social vinculada a la reforma constitucional y afirmó que la provincia necesita concentrar sus esfuerzos en la producción, el empleo y el funcionamiento de los distintos sectores económicos.
“No se puede gobernar de espaldas a la gente. No hay reforma constitucional que vaya hoy a solucionarles los problemas reales que tienen los vecinos de Tierra del Fuego”, manifestó.
En ese sentido, sostuvo que el desafío pasa por recuperar y fortalecer los distintos aparatos productivos de la provincia, entre ellos la industria electrónica, textil, plástica, hidrocarburífera, el turismo, la pesca y la actividad forestal.
Díaz también defendió el rol del Estado y aseguró que desde la gestión municipal buscan demostrar que “no hay por qué pasar una motosierra a un Estado que funciona”.
Al respecto, destacó distintas políticas impulsadas por el Municipio de Río Grande y mencionó servicios vinculados al transporte público, salud, obras sanitarias, recolección de residuos y generación de suelo urbano.
“Lo que intentamos mostrarle al vecino es que no hay por qué pasar una motosierra a un Estado que funciona”, remarcó.
El secretario de Gobierno de Río Grande insistió además en que la discusión sobre la reforma constitucional quedó agotada por falta de consenso político, social y judicial.
“No hay lugar para caprichos de aquellos que se autoperciben valientes. Si no hay reforma constitucional es justamente porque no hay consenso social, no hay consenso legislativo y ahora claramente no hay consenso judicial”, afirmó.
En otro tramo de la entrevista, Díaz se refirió a la deuda que mantiene el Gobierno provincial con los municipios por recursos de coparticipación y manifestó preocupación por los plazos planteados por el Ministerio de Economía para avanzar en una propuesta de pago.
Según indicó, el atraso acumulado ronda los 17 mil millones de pesos desde el inicio del conflicto, de los cuales unos 10 mil millones ya serían exigibles.
“Los vecinos de Río Grande necesitan una respuesta inmediata”
El funcionario cuestionó además que la Provincia haya propuesto esperar hasta mediados de junio para presentar una alternativa concreta y advirtió que los tiempos “son demasiado extensos” frente a la situación financiera que atraviesan los municipios.
Díaz señaló que los fondos reclamados corresponden a recursos nacionales que ya fueron transferidos a la Provincia y luego retenidos por el Ejecutivo fueguino.
En ese marco, vinculó declaraciones recientes del ministro de Economía provincial con un reconocimiento implícito de esa situación.
“Si se implementaba la Ley de Goteo se ponían en riesgo servicios provinciales, entonces lo que está reconociendo es que está utilizando recursos que son de los municipios para cubrir servicios que debiera hacerse cargo la Provincia”, expresó.
Díaz aseguró además que el Municipio de Río Grande realizó ajustes internos para sostener el equilibrio financiero sin resentir servicios esenciales y remarcó que la caída de la recaudación nacional, provincial y local generó un escenario complejo para todas las administraciones.
“No puede verse resentida una gestión por las acciones que lleva adelante otro gobierno”
Finalmente, Díaz destacó el funcionamiento político e institucional de Río Grande y valoró la relación entre el Ejecutivo municipal y el Concejo Deliberante, señalando que existe capacidad de debate y construcción de acuerdos.
“Tenemos un Concejo Deliberante que discute, debate, pero acuerda, y creo que eso hay que sostenerlo”, concluyó.
