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RÍO GRANDE.- El debate sobre el destino del auxilio estatal para el consumo de Gas Licuado de Petróleo (GLP) sumó un nuevo capítulo de tensión en el escenario fueguino. Las recientes definiciones de la titular de la cartera energética, Gabriela Castillo, dejaron al descubierto que existen referentes de la política local y ciudadanos de alto poder adquisitivo dentro de la nómina de favorecidos por los subsidios al GLP.
A partir de los dichos de la funcionaria, quien alertó que se detectaron miembros del Poder Legislativo dentro del padrón y que además existirían funcionarios quienes también son beneficiados con la asistencia estatal, comenzaron a ventilarse detalles sobre los registros oficiales de cada caso.
En ese marco, trascendió que la legisladora provincial Victoria Vuoto figuraría entre los nombres inscriptos para recibir el gas subsidiado.
La información preliminar da cuenta de que la representante parlamentaria experimentó una quita parcial en el volumen de asistencia asignado en el último tiempo. De acuerdo con el cruce de datos, el beneficio otorgado a su nombre se habría recortado a la mitad, pasando de una cobertura de 400 kilos a un tope de 200 kilos mensuales.
Esta revelación reavivó los cuestionamientos sobre los criterios de distribución de los recursos de la provincia y la transparencia en el acceso a la energía bonificada. Los reclamos comunitarios y dirigenciales ya no solo se concentran en las figuras de la función pública, sino que también salpican a titulares de explotaciones agropecuarias, empresarios y vecinos de los barrios residenciales más acomodados que mantuvieron el beneficio durante varios períodos.
El escándalo cobró mayor fuerza en momentos en que la administración central busca reestructurar el andamiaje del programa. El argumento oficial para implementar estos cambios se basa en la urgencia de reordenar las partidas presupuestarias para orientarlas de manera exclusiva hacia los hogares en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica.
En términos financieros, el sostenimiento de este esquema de gas envasado demanda un esfuerzo fiscal de proporciones mayúsculas para las cuentas públicas de Tierra del Fuego. Las planillas oficiales reflejan que el financiamiento de la tarifa social se transformó en una de las obligaciones más pesadas del Tesoro provincial, demandando un gasto que ya se ubica por encima de los 60 mil millones de pesos al año.
