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RIO GRANDE.- La legislación que transformó la realidad geopolítica y económica del extremo sur argentino conmemora más de medio siglo desde su promulgación formal el 16 de mayo de 1972. El andamiaje jurídico de la Ley 19.640, que permitió la radicación de un fuerte polo tecnológico y fabril en el territorio insular, afronta actualmente una etapa de marcadas dificultades operativas. El esquema de incentivos fiscales sufre los efectos de las nuevas directrices macroeconómicas de la administración central, orientadas a facilitar el ingreso de bienes del exterior y reducir la protección arancelaria.
El diseño original de la normativa tuvo como premisa el poblamiento estratégico y el resguardo de la soberanía en la región austral mediante incentivos a la producción local. Esta estructura diferencial facilitó que Ushuaia y Río Grande se consolidaran como los principales centros de ensamblado de electrodomésticos, equipos de climatización, telefonía celular y computadoras del mercado interno. El entramado industrial se constituyó históricamente como el principal dinamizador del empleo privado formal y el sustento de una amplia red de proveedores de servicios.
La tendencia del sector experimentó un quiebre perceptible durante los últimos meses a raíz de la quita de gravámenes para los artículos electrónicos importados. Las primeras medidas aplicadas el año pasado, que incluyeron la quita total de impuestos para ciertos insumos y dispositivos terminados, desencadenaron conflictos gremiales, ceses de actividades en las plantas y alertas por suspensiones de personal. Las entidades del sector advirtieron en aquel momento que la asimetría de costos con la mercadería extranjera ponía en riesgo la continuidad de las líneas de montaje locales.
La contracción de la actividad fabril se profundizó durante el transcurso del año actual evidenciando consecuencias directas en las plantas de producción. Diversas firmas optaron por recortar jornadas laborales, congelar sus planes de expansión edilicia o iniciar readecuaciones de personal para asimilar la menor demanda de productos nacionales. Esta desaceleración de las fábricas comenzó a derramarse hacia el resto de la economía fueguina, afectando los niveles de facturación del comercio minorista, los fletes y los servicios generales en las ciudades.
Las cámaras del sector y las organizaciones de trabajadores coinciden en señalar que la profundización del modelo de apertura irrestricta podría desencadenar pérdidas masivas de puestos de trabajo directos. Los defensores de la industria local sostienen que el polo manufacturero excede la discusión meramente fiscal y representa una presencia geopolítica fundamental en la zona del Atlántico Sur. El planteo de las organizaciones locales insiste en que el arraigo de las familias en la isla depende directamente del sostenimiento de las fuentes laborales fabriles.
Este nuevo período ubica a la provincia frente a un debate de carácter estructural sobre la viabilidad de su matriz económica. La conmemoración de la ley se da en un escenario de discusiones donde se confrontan las posturas globales de mercado con el interés de las provincias por retener sus capacidades productivas. El destino de las inversiones y la estabilidad de los miles de hogares vinculados a las fábricas electrónicas forman parte de la agenda prioritaria que se resolverá en los próximos meses.
