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USHUAIA.- Mientras Tierra del Fuego atraviesa una crisis educativa sin precedentes, con un conflicto docente que lleva semanas y miles de estudiantes afectados por la interrupción de las clases, el legislador de La Libertad Avanza y presidente de la Comisión de Educación, Luciano Selzer, viajó a Buenos Aires con pasaje aéreo y viáticos financiados por la Legislatura provincial.
El traslado se concretó entre el 18 y el 20 de agosto y fue autorizado mediante la Resolución de Presidencia N.º 227/26, fechada el 21 de agosto y firmada por la vicepresidenta primera a cargo del Poder Legislativo, María Victoria Vuoto.
La documentación establece que se reconoce y autoriza a Selzer un pasaje aéreo en el tramo Ushuaia-Buenos Aires-Ushuaia y la liquidación de dos días de viáticos. Como fundamento, señala que el viaje respondió a “razones inherentes a sus funciones legislativas” y que existía una partida presupuestaria para afrontar el gasto.
La existencia de la autorización administrativa no clausura la discusión política que genera el viaje. En el ejercicio de una función pública también pesan la oportunidad, las prioridades y el compromiso con las responsabilidades asumidas.
En el caso de Selzer, esas consideraciones adquieren una dimensión particular porque preside la Comisión N.º 4 de Educación, precisamente en un momento en que el sistema educativo provincial atraviesa una situación crítica.
Una responsabilidad institucional en plena crisis
SUTEF mantiene un paro por tiempo indeterminado, reclama una recomposición salarial y exige que la Legislatura avance con el tratamiento de su proyecto de financiamiento educativo. El conflicto lleva semanas y tiene consecuencias directas sobre miles de estudiantes y sus familias.
Selzer ha intervenido públicamente en esa discusión. Junto con Natalia Gracianía impulsó un proyecto para declarar esencial el servicio educativo y establecer un porcentaje mínimo de funcionamiento de las escuelas durante las medidas de fuerza.
Como presidente de la Comisión de Educación, además, ocupa una posición central en el tratamiento parlamentario de las iniciativas relacionadas con la situación educativa.
SUTEF reclamó que ese ámbito legislativo avance con el proyecto de financiamiento y señaló específicamente a Selzer para que convoque a una reunión.
La responsabilidad institucional, por lo tanto, no se limita a la participación ocasional en una sesión o al acompañamiento de un proyecto. La conducción de una comisión supone también una presencia política acorde con la gravedad de los problemas que debe abordar.
Un viaje cuya agenda no fue precisada
La resolución que autorizó el traslado establece que el motivo fueron “razones inherentes a sus funciones legislativas”, pero no detalla las actividades desarrolladas durante los tres días de permanencia en Buenos Aires.
No aparecen especificadas las reuniones mantenidas, los organismos visitados, los funcionarios contactados, los objetivos de la misión ni los resultados obtenidos.
La documentación disponible tampoco permite afirmar que el viaje haya sido irregular o que los recursos públicos hayan sido utilizados para una actividad partidaria. El punto en discusión es otro. Cuando un representante utiliza fondos públicos para trasladarse, la transparencia exige que la finalidad de ese gasto pueda ser conocida y evaluada por la sociedad.
La necesidad de esa explicación se vuelve mayor cuando el funcionario involucrado ocupa la presidencia de la comisión directamente vinculada con un conflicto que permanece abierto.
Una provincia que esperaba respuestas
El viaje comenzó el 18 de agosto, el mismo día en que estaba prevista una reunión conjunta de las comisiones de Educación y de Malvinas para tratar proyectos vinculados con la enseñanza de la Causa Malvinas.
La convocatoria había sido realizada por Selzer y Federico Sciurano. La reunión finalmente se desarrolló con la participación de legisladores, funcionarios del Ministerio de Educación y otros invitados.
La realización de esa reunión no permite establecer por sí sola que Selzer haya incumplido una obligación formal. Sin embargo, muestra el contraste entre una agenda legislativa que continuaba desarrollándose en la provincia y la decisión del presidente de la Comisión de Educación de permanecer en Buenos Aires durante tres jornadas.
El 20 de agosto, mientras finalizaba el viaje, SUTEF informó que se cumplía la decimoctava jornada de lucha y volvió a reclamar respuestas de la Legislatura frente al conflicto.
La situación educativa, lejos de encontrar una salida, continuaba demandando intervención política.
La responsabilidad va más allá de la legalidad
Un gasto puede estar formalmente autorizado y, al mismo tiempo, ser legítimamente observado desde una perspectiva política. La administración de recursos públicos requiere legalidad, pero también transparencia, oportunidad y responsabilidad.
En especial cuando se trata de representantes que ocupan lugares de conducción dentro de la estructura legislativa.
Selzer tiene a su cargo la Comisión de Educación en una provincia donde el conflicto docente se prolonga, las clases están interrumpidas y el financiamiento del sistema forma parte de una disputa que todavía no encuentra una respuesta institucional.
En ese contexto, un viaje oficial financiado por la Legislatura debería estar acompañado por una explicación clara sobre su finalidad y sus resultados.
No alcanza con que una resolución establezca que el traslado estuvo relacionado con funciones legislativas. También resulta necesario que la sociedad pueda conocer qué función concreta se cumplió durante esos días y cuál fue el beneficio obtenido para la tarea parlamentaria.
La cuestión adquiere una dimensión ética porque quienes ejercen cargos públicos no son evaluados únicamente por aquello que la normativa les permite hacer. También lo son por las prioridades que establecen, por el momento en que toman determinadas decisiones y por la responsabilidad que demuestran frente a las necesidades de la comunidad.
Mientras la educación fueguina atraviesa una crisis que afecta a estudiantes, docentes y familias, el presidente de la Comisión de Educación eligió cumplir una agenda fuera de la provincia, financiada con recursos del Poder Legislativo.
La resolución acredita la legalidad administrativa del viaje. La discusión política queda planteada por la oportunidad de la decisión, la ausencia de precisiones sobre su objetivo y el grado de compromiso que corresponde exigir a quien tiene la responsabilidad institucional de intervenir en una de las crisis más graves que atraviesa actualmente Tierra del Fuego.
