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Miércoles 29 de julio de 2026

El Gobierno nacional analiza devolver el Puerto de Ushuaia a la Provincia

La intervención designada por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación habría iniciado conversaciones para restituir la administración de la terminal a la Dirección Provincial de Puertos. El posible traspaso coincidiría con una mejora en la relación entre Tierra del Fuego y la Casa Rosada.

USHUAIA.- Mientras continúa la disputa judicial por el control del Puerto de Ushuaia, la intervención nacional habría comenzado a evaluar una salida negociada que contemple la restitución de la terminal a la Dirección Provincial de Puertos.

Las conversaciones se desarrollarían con absoluta reserva y, por el momento, no existirían definiciones respecto de plazos ni de las condiciones que debería reunir un eventual traspaso.

La posibilidad comenzó a tomar fuerza en paralelo con la recomposición del vínculo entre el Gobierno de Tierra del Fuego y la administración de Javier Milei, luego de varios meses de tensión política e institucional.

Uno de los hechos que marcó ese cambio fue la asistencia financiera otorgada por Nación mediante adelantos de coparticipación para afrontar obligaciones corrientes y el pago de salarios, mecanismo que reabrió el diálogo entre ambas administraciones.

Si bien no existen elementos que permitan afirmar que ambas situaciones formen parte de un mismo acuerdo, en distintos ámbitos políticos interpretan que la negociación por el futuro del puerto se inscribe dentro de ese nuevo escenario de acercamiento.

Entre los temas que también integrarían las conversaciones aparece la situación del personal incorporado durante la intervención nacional. Desde la conducción designada por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación impulsarían su continuidad, mientras que la Dirección Provincial de Puertos mantendría reparos sobre esa posibilidad.

Hasta el momento no hubo confirmaciones oficiales sobre el avance de las negociaciones. Sin embargo, el solo análisis de una eventual devolución de la terminal representa un cambio de posición respecto del criterio sostenido por el Gobierno nacional desde el inicio del conflicto.