El gobierno de Melella vetó la eximición de pagos de servicios para la UNTDF

USHUAIA.- La gestión encabezada por el Ejecutivo provincial decidió dar de baja la normativa que permitía a la Universidad Nacional de Tierra del Fuego dejar de abonar sus compromisos tarifarios. Esta resolución gubernamental deja sin efecto el proyecto que los parlamentarios locales habían aprobado por amplia mayoría durante la sesión celebrada el pasado 15 de diciembre, marcando una distancia clara entre los poderes del Estado sobre la sustentabilidad de la medida.

El plan que naufragó tras el veto buscaba que la institución educativa quedara fuera de la obligación de pagar por el suministro eléctrico, el agua potable y la red de cloacas en sus edificios de Ushuaia y Tolhuin. La propuesta no se limitaba exclusivamente al ámbito universitario, ya que también pretendía incluir entre los beneficiarios a las sedes del Centro Austral de Investigaciones Científicas que operan en la capital.

La oficialización del rechazo parlamentario se concretó este martes 6 de enero con la publicación del decreto correspondiente en el Boletín Oficial. El documento cuenta con las firmas de la ministra de Obras Públicas, Gabriela Castillo, y de la vicegobernadora Mónica Urquiza, quien ejerce la jefatura del Ejecutivo en este momento, sellando así el cierre administrativo de la iniciativa.

Los argumentos para frenar la ley se basaron principalmente en las evaluaciones técnicas realizadas por la Dirección Provincial de Energía y la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios. Los informes de estos organismos autárquicos señalaron que la pérdida de cobro generaría un daño patrimonial directo en sus balances, especialmente al no existir una partida presupuestaria específica que absorbiera esa falta de ingresos.

En los fundamentos del decreto se remarca que la norma aprobada carecía de una fuente de financiamiento concreta, lo que convertía a la ley en una obligación de cumplimiento imposible. Las autoridades provinciales sostuvieron que promulgar un beneficio de este tipo sin previsión de fondos atentaría contra las normas de responsabilidad fiscal y el ordenamiento del gasto público que rigen en la provincia.

Otro factor determinante para la anulación fue la advertencia sobre el peligro que correría la prestación de servicios para el resto de los fueguinos. El Gobierno planteó que, sin un mecanismo de compensación económica, la gratuidad para la universidad podría derivar en un aumento de costos para los usuarios comunes o en un deterioro de la calidad del sistema eléctrico y sanitario estatal.

Por último, el decreto aclaró que la opción de un veto parcial fue descartada de plano por los equipos legales. Dado que el espíritu de la ley era estrictamente la exención impositiva, el resto de la redacción no tenía autonomía suficiente para sobrevivir por sí misma. De esta manera, se dio por terminada una propuesta que pretendía aliviar la caja universitaria pero que, según el análisis oficial, no contaba con bases económicas sólidas.