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USHUAIA.- El Gobierno de la provincia aprobó la contratación del servicio de seguros destinado a cubrir el parque automotor de la Administración Pública Provincial, mediante una inversión que supera los 1.197 millones de pesos.
La medida fue oficializada a través del Decreto Provincial Nº 968/26, publicado en el Boletín Oficial, mediante el cual se adjudicó la Licitación Pública Nº 06/2026 a la firma La Caja de Seguros S.A., que prestará el servicio en coseguro junto a Sancor Cooperativa de Seguros Ltda.
La cobertura comprende a los vehículos pertenecientes a la estructura de la administración provincial, aunque excluye expresamente a la flota de la Policía de Tierra del Fuego.
De acuerdo con lo establecido en la normativa, el monto total de la contratación asciende a $1.197.223.558,12.
El decreto señala que durante el proceso licitatorio se presentaron tres oferentes: Nación Seguros S.A., La Caja de Seguros S.A. junto a Sancor Cooperativa de Seguros Ltda. y La Segunda Cooperativa Ltda. de Seguros Generales.
Tras el análisis de las propuestas, la Comisión de Preadjudicación recomendó adjudicar el servicio a la oferta presentada por La Caja y Sancor, al considerar que cumplía con los requisitos técnicos exigidos y resultaba la alternativa más conveniente para el Estado provincial.
En cambio, las propuestas formuladas por Nación Seguros y La Segunda fueron desestimadas debido a que, según se indica en el expediente, no se ajustaban a la totalidad de las condiciones técnicas previstas en el pliego licitatorio.
Entre los antecedentes mencionados en la documentación oficial figura además la intervención de Martínez Sosa Asesores de Seguros, firma que se desempeña como asesora de la Provincia en materia aseguradora en virtud de un convenio vigente con el Ejecutivo fueguino.
Por otra parte, el decreto deja constancia de que existe disponibilidad presupuestaria para afrontar la contratación y establece que el gasto será cubierto con recursos provenientes del Tesoro Provincial.
La adjudicación garantiza la continuidad de la cobertura de seguros para los vehículos oficiales utilizados por las distintas áreas de la administración pública, una herramienta considerada necesaria para resguardar el patrimonio estatal y asegurar el normal funcionamiento de los servicios que presta el Estado provincial.
